La DGA ampliará la atención sanitaria a todos los inmigrantes residentes de Aragón que por diversas causas no tuvieran acceso al sistema sanitario. Esta medida, que es temporal, pues se extiende solo hasta el 30 de mayo, se justifica en la necesidad de garantizar la cobertura sanitaria universal por la crisis sanitaria del coronavirus y ha sido recibida con expectación entre los extranjeros que se encuentran en Aragón en situación irregular.
La noticia ha sido bien acogida en la comarca de Caspe, según señalan representantes sindicales de los temporeros magrebís en la zona, si bien subrayan que muchos de los beneficiarios apenas hablan y entienden el español, lo que supone un obstáculo para comunicar el cambio de situación. «Lo que los trabajadores del campo quieren es realizar sus tareas en unas condiciones dignas, y más en estos tiempos de confinamiento», manifiesta Walid Ayadi, que milita en UGT. «Se trata de dar una solución válida a las personas que trabajan sin papeles», añade.
En este sentido, indica que la alerta sanitaria ha dificultado el desplazamiento a las zonas de cultivo. También se refiere a los bajos salarios, dado que la mayoría de los temporeros cobran entres seis y siete euros por hora trabajada, una cantidad que varía ligeramente de una comarca a otra.
Ayadi, por otro lado, asegura que el número de irregulares es bajo en el Bajo Aragón zaragozano, «entre ocho y 10 personas».
Una dificultad añadida con el colectivo de los trabajadores indocumentados es el hecho de que viven apartados y con un miedo permanente a ser localizados y devueltos a su país, según explicó ayer Hicham Tahiri, magrebís asimismo y residente en Caspe.
«La noticia ha llegado a ellos, pero hay que tener en cuenta que estamos en época de confinamiento y no se puede salir de casa», agrega.
Con la extensión del derecho a recibir asistencia sanitaria, todos los ciudadanos, aunque no cumplan el requisito mínimo de llevar tres meses empadronados en Aragón, recibirán tarjeta sanitaria y tendrán derecho a los servicios adscritos a la misma, según informaron fuentes del ejecutivo autonómico en un comunicado.
El Gobierno de Aragón manifiesta así su compromiso de no dejar a nadie atrás en esta crisis, prevenir la propagación del contagio y garantizar la igualdad de acceso al derecho universal de la salud de toda la ciudadanía.
La adopción de esta medidas es conjunta entre la Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios, dependiente del Departamento de Sanidad, y la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, dependiente del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales con el fin de dar cobertura a las personas migrantes, refugiadas y en situación de asilo que no tengan todavía regularizada su situación administrativa y ante su especial situación de vulnerabilidad.
Además, el acceso garantizado a la sanidad se suma a la medida anunciada el martes por el Gobierno central para otorgar permiso de trabajo a inmigrantes irregulares, así como a parados, con el fin de garantizar la recogida de las cosechas agrícolas ahora que está a punto de comenzar la campaña de la fruta en algunas zonas de España.
La medida es consecuencia de la imposibilidad de que regresen a nuestro país los trabajadores que se encuentran pasando las vacaciones en sus países, dado que el confinamiento impuesto en Europa y el norte de África impide viajar fuera de las fronteras. Según los sindicatos, esta insólita situación ha hecho que solo se disponga en la actualidad del 25% de la mano de obras necesaria para recoger las frutas y hortalizas de esta campaña.
