Zaragoza sigue de reojo el conflicto del taxi en Madrid y Barcelona por el fenómeno de los VTC (vehículos de alquiler con conductor). Y eso, a pesar de que la potencial demanda de este tipo de servicios de transporte de personas poco se parece aquí a la de estas grandes urbes españolas por razones poblacionales y la menor actividad turística. Con todo, la posibilidad de que operadores como Uber y Cabify entren en la capital aragonesa ha vuelto a cobrar fuerza esta semana. Al mismo tiempo, se ha reavivado el debate sobre el impulso de una regulación autonómica, ahora que el Gobierno central ha transferido esta competencia a las comunidades, para disuadir a este tipo de plataformas digitales.

El punto de partida es de cierto consenso. Tanto los profesionales del taxi y de las empresas tradicionales de VTC (antes denominadas de gran turismo) como el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento comparten una visión reticente a este polémico modelo. La vía para frenar su llegada a Zaragoza podría ser una norma propia que limite la precontratación del servicio, como ha hecho Cataluña, que ha fijado un tiempo mínimo de 15 minutos.

Por lo pronto, la DGA ha iniciado una ronda de contactos con los agentes implicados. El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, se reunió el pasado miércoles con representantes de la asociación de VTC tradicionales, que solicitaron la cita después de que Cabify les ofreciera recientemente sumarse a su plataforma. Este colectivo también rechaza la forma de actuar de estos nuevos negocios, «que encubren un tipo de servicio puerta a puerta con una inmediatez» que no se corresponde, dicen, con la naturaleza de los VTC y que acaban generando una «competencia desleal» hacia el taxi.

Para esta asociación, formada por tres empresas que suman 35 licencias de vehículos premium con conductor, el geoposicionamiento en tiempo real en una app móvil supone «la captación en vía pública de servicios». Ante la posible irrupción de estas prácticas en Zaragoza, los VTC tradicionales reclaman «una regulación urgente» en Aragón, al igual que ha hecho Cataluña y Baleares. «Estamos dispuestos a asumir el tiempo que limita la prestación de servicios a 30 minutos tras la reserva, exceptuando los contratos», defienden.

A pesar de los últimos movimientos, Cabify asegura que «no tiene planes inmediatos de iniciar operaciones» en la capital del Ebro. Sin embargo, añade en una respuesta a este diario, «consideramos que la solución de movilidad que ofrecemos mejora la vida en las ciudades y esperamos que más ciudades españolas como es el caso de Zaragoza pueden beneficiarse de ella».

REUNIÓN CON TAXIS

Soro mantendrá a principios de la semana que viene una reunión con el sector del taxi y valora organizar un encuentro conjunto para abordar este tema. Con estas reuniones, según apuntaron fuentes de su departamento, se está poniendo en común las posturas de cada sector y analizando, cuál podría ser la situación en Aragón ante una posible llegada de las plataformas Uber o Cabify. Una de las cuestiones que se están tratando es «qué medida y en qué términos se podría legislar al respecto».

Sobre estas reuniones también se está en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza, en manos de ZeC, que se ha expresado siempre su posición «firme» en defensa del sector del taxi por ser un «servicio público esencial para la ciudad». El presidente de la Asociación Provincial de Taxis de Zaragoza, Mariano Morón, ha rechazado hablar con este diario para dar la visión de este sector.