El consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico, ante los intentos del de España y del PP de "desestabilizarlo" valiéndose de la ley de capitalidad, defenderá esta norma emanada del Parlamento autonómico "hasta las últimas consecuencias".
Así se ha pronunciado Guillén en los pasillos de las Cortes después de conocer, esta misma mañana y a través de los medios de comunicación, que la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aceptado, antes de llevar esta ley al Tribunal Constitucional, la solicitud que le había hecho el Gobierno de Aragón de reunir a la comisión de resolución de conflictos entre ambos ejecutivos.
Que se haya dado a conocer la carta en la que la vicepresidencia del Gobierno acepta dirimir las diferencias en esta comisión antes de que la misiva la recibiera el propio presidente aragonés, Javier Lambán, es para Guillén de "muy mal gusto", de una "gravedad muy importante" y adolece de una falta de "lealtad institucional" cuando el Gobierno de Aragón "nunca" ha contestado al central con estas mismas armas.
El consejero estima que el PP y el Gobierno de España están tratando de desestabilizar al Ejecutivo aragonés "intentando crear un conflicto con el Ayuntamiento que no existe".
El Gobierno de Aragón, ha insistido Guillén, va a defender "hasta sus últimas consecuencias" esta ley, sobre la que en principio se abrirá ahora una negociación en una subcomisión para la que aún no hay fecha, porque el Ejecutivo autonómico "no tiene constancia" de que la vicepresidenta la haya aceptado.
En cualquier caso, a ella acudirá el Gobierno de Aragón, como hace siempre, con el ánimo de ser "leal institucionalmente" y de llegar a acuerdos.
En el fondo de la cuestión, Guillén ha lamentado que el Gobierno de España, cada vez que las Cortes promulgan un ley "que avanza en el desarrollo del Estatuto de Autonomía o en los derechos históricos que Aragón ha reivindicado" se presente un recurso de inconstitucionalidad.
Las reticencias que ha mostrado el Gobierno de España, ha recordado, se centran sobre todo en el artículo que da potestad al Gobierno de Zaragoza para organizar las sociedades municipales en las que es mayoritario el capital del Ayuntamiento de Zaragoza.
Este artículo, de actualidad una semana después de que el alcalde, Pedro Santisteve, decidiera modificar la composición de los consejos de administración de las sociedades estaba incluido, según ha explicado Guillén, en todos los anteproyectos de la ley elaborados antes que el aprobado, incluido el que promovió la anterior presidenta aragonesa, la popular Luisa Fernanda Rudi.
El consejero ha añadido que la ley de capitalidad es "vital" en el organigrama institucional de la comunidad, y la amenaza de llevarla al Constitucional para Guillén responde a un "gran ataque de celos" por parte del Gobierno de España, que "no puede consentir" que haya sigo un Gobierno del PSOE y CHA, con apoyo del resto de la izquierda, el que haya hecho posible lo que otros, en referencia al PP, no lograron.
Guillén no tiene duda de que la ley es "constitucional" y un "elemento fundamental" para encontrar puntos de encuentro entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.
La ley de capitalidad, aprobada el 30 de noviembre de 2017, pretende dar mayor capacidad de organización y autonomía al Ayuntamiento, mostrar la singularidad que en la organización territorial de Aragón tiene Zaragoza y crear un sistema de colaboración financiera del Gobierno aragonés con el Ayuntamiento.
