Aragón asiste hoy a la reunión de la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Salud, en Madrid, con la intención de presentar ante el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, sus exigencias y condiciones en relacción al acceso de los inmigrantes a una cobertura sanitaria universal.

El director general de Asistencia Sanitaria de Aragón, Manuel García Encabo, será quien asista a este encuentro en el que el Ministerio de España planteará a las comunidades una propuesta muy limitada a los extranjeros. Y es que el documento que Madrid ha hecho llegar a las comunidades propone que puedan recibir asistencia primaria los inmigrantes que lleven un año empadronados, acrediten la falta de recursos económicos y no dispongan de ningún otro seguro. Estos recibirían un documento distinto a la tarjeta sanitaria que les daría acceso solo a los centros de la comunidad donde vivan y que debería renovarse anualmente.

Estas indicaciones son totalmente diferentes a las que estableció el Departamento de Sanidad dirigido por Sebastián Celaya y que se pusieron en marcha el pasado 14 de agosto en los centros sanitarios.

Aragón determina que pueden acceder al sistema sanitario quienes sean residentes en la comunidad, llevando al menos tres meses empadronados, así como las personas que no tengan un acceso reconocido por cualquier otra Administración en condición de asegurado o de beneficiario o que no puedan exportar el derecho a la asistencia sanitaria desde el país de origen. También se establecen unos ingresos inferiores a dos veces y media el IPREM en cómputo anual, pero en ningún caso que carezcan de recursos, como ahora plantea el Ministerio de Sanidad.

En Aragón, el acceso se reconocerá por doce meses, prorrogables si se mantienen las circunstancias que lo motivaron. Así, la propuesta del Ministerio de Sanidad contiene más limitaciones que el sistema adoptado por Aragón y otras autonomías. Eso sí, el ministerio ha adelantado, sin embargo, que se trata solo de un borrador modificable en función de las aportaciones de las autonomías, pero habrá que ver hasta dónde llega la voluntad negociadora.

RETIRADA DEL DECRETO

La propuesta de Alonso llega en un momento en que cada comunidad ha adoptado una fórmula distinta y la mayoría no quiere plegarse a la armonización si no es bajo una premisa: la retirada del decreto del 2012 y la vuelta al anterior sistema de sanidad universal donde los irregulares tenían los mismos derechos y prestaciones que el resto. Al menos esa es la posición con la que se sentarán a la mesa Aragón, País Vasco y las otras seis comunidades gobernadas por el PSOE.

El borrador ministerial especifica también que los extranjeros se incluirían en la base de datos del Sistema Nacional de Salud.