El Gobierno de Aragón está empeñado en llevar a las últimas consecuencias, de una forma "radical", su defensa de la "España vacía", formada por territorios con similares características de despoblación, envejecimiento y dispersión y en el que el coste de prestar los servicios es muy elevado.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha hecho un balance de la reunión que ayer mantuvieron en León los presidentes de Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León, quienes reclamaron un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el principio de igualdad y que ayude a frenar el "grave" problema de despoblación que sufren.

Para el consejero aragonés, la reunión fue de "gran trascendencia política", lo que demuestra el mismo hecho de que se reunieron cuatro presidentes de dos partidos diferentes para avanzar en fórmulas de "cooperación horizontal".

Los cuatro coincidieron en pedir un nuevo sistema de financiación autonómica que se base en el coste real de los servicios, que en estas cuatro autonomías, ha dicho Guillén, son mucho más caros de prestar.

Como ejemplo ha puesto el coste que supone a la administración una plaza escolar en un pueblo de Teruel en el que haya diez alumnos por curso, que asciende a 8.000 euros frente a los 3.000 en cualquier colegio de Zaragoza capital.

En Sanidad, los costes se disparan en una comunidad en el que el 16 por ciento de la población vive en núcleos urbanos muy pequeños y que tiene 866 consultorios locales que dependen de 166 centros de salud.

Frente al 6 por ciento de los médicos en España que tienen menos de quinientas tarjetas sanitarias, en Aragón el porcentaje es del 19 por ciento.

Y el sobrecoste del servicio sanitario por el envejecimiento de la población es del 10,23 % con respecto a la media española.

Guillén también se ha referido al incumplimiento del Gobierno de España respecto a la ley de dependencia, que en lugar de financiar el 50 por ciento del coste de atender a los dependientes solo aporta el 16 %.

Ha sido el "esfuerzo" del Gobierno de Aragón el que ha permitido que en 2017 se incorporaran al sistema 4.580 personas, con lo que, según Guillén, si el Estado "cumpliera con su obligación, en Aragón no habría lista de espera".