Aragón se dota de una ley de simplificación administrativa

Aunque no sale adelante con unanimidad, la ley de simplificación administrativa se aprueba hoy en las Cortes de Aragón como uno de los puntales de la legislatura. Más allá del coronavirus, esta norma pretende ser una herramienta fundamental para la gestión de fondos europeos y también para revitalizar el tejido empresarial. Con todo, según ha lamentado el PP aún queda "un largo desarrollo normativo" pendiente. Al tiempo que desde IU se teme que favorezca la acción descontrolada del sector privado.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha reconocido que existía una demanda social y empresarial de aprobar una ley de simplificación de este tipo. "Buscamos que la administración aragonesa sea cada vez mejor", ha señalado. Ahora se potenciará la tramitación de expedientes garantizando el silencio administrativo positivo como norma general, así como la revisión a la baja de todos los plazos de silencio en los próximos seis meses. El texto aprobado también potencia la declaración responsable y se regula la gestión coordinada de procedimientos tanto autonómicos como locales.

Desde el Ejecutivo se destaca que la ley tiene el respaldo de los agentes económicos y sociales. "Necesitamos una norma firme y estable", defiende, de forma que se pueda garantizar la exigencia y la calidad.

La popular Carmen Susín ha puesto algunos matices al entusiasmo de los grupos que apoyan al Gobierno de Aragón. Por eso ha advertido que intervenir sobre la ley electoral, la ley de montes o el uso de frontales no tiene nada que ver con la simplificación administrativa. Aspectos sobre los que van a votar en contra porque cree que se han colado de rondón. "La eliminación de la burocracia excesiva no pasa por eliminar controles" ni la seguridad jurídica, ha señalado. Ha lamentado que se haya trabajado con mucha prisa y que no se haga referencia explícita a los fondos europeos. "Mucho me temo que su aplicación quedará estancada", ha aventurado. 

Unas críticas que aún lleva más lejos el diputado de IU, Álvaro Sanz. Lamentó que se considere una rémora el control de las administraciones. Considera que la norma es "profundamente neoliberal" según queda patente en una exposición de motivos que calificó de "muy desafortunada". No se puede renunciar a las mejoras logradas en los últimos años en los servicios públicos y optar por la desregularización. "La ley simplifica poco y no da más seguridad", ha denunciado Sanz, quien ha advertido además de que "introduce una escalada de reformas legislativas con un horizonte poco cierto".

Su voto ha sido negativo. Critica asimismo que no se contemple acabar a la burocracia que se enfrentan las personas más vulnerables a la hora de acceder a determinados servicios o ayudas porque "está pensada para las empresas", lo que considera "un error muy fuerte".

Ciudadanos se ha erigido como adalid de la norma y defiende que con la ley "todo el mundo gana". Considera que de este modo la administración pública ejercerá realmente como aliada de la actividad empresarial, aunque garantizando la normativa jurídica. "Tenemos la obligación de ayudar al máximo", ha destacado. Cree que algunas subvenciones se podrán solventar en solo dos meses y que las declaraciones responsables harán de Aragón un territorio atractivo para los empresarios.

Por otro lado, el pleno en las Cortes ha debatido sobre el proyecto de ley de organización y régimen jurídico del sector público autonómico de Aragón. En caso de superarlo, comenzará su tramitación en una ponencia parlamentaria.