La comunidad aragonesa se ha convertido en la primera que regula por ley el diálogo social después de que el Parlamento autonómico haya respaldado hoy por unanimidad esta norma cuya principal característica es su vocación de permanencia en el tiempo.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación de la norma la consejera de Economía, Marta Gastón, quien ha manifestado la satisfacción para el Ejecutivo por este texto normativo elaborado entre el Gobierno y los agentes sociales.

Gastón ha recordado que el dialogo social activo es un gran "prescriptor territorial" que puede atraer inversiones y consolidar acciones empresariales y ha subrayado que con esta ley se blinda el diálogo social en beneficio de la Comunidad ante "posibles riesgos futuros" como que sucesivos gobiernos dejaran de aplicarlo.

En opinión de Ricardo Oliván, del PP, es una ley "pequeña pero muy importante, que va a consolidar y reforzar un elemento muy importante de competitividad como es el diálogo social", al tiempo que ha agradecido la labor de la socialista Leticia Soria para "hilvanar" la mayoría de las aportaciones de su grupo.

En su intervención, Leticia Soria ha asegurado que en esta legislatura se ha recuperado el diálogo social de una manera "efectiva, real y activa" y ha citado las diferentes estrategias aprobadas por el Gobierno en este periodo, la "más importante" la ley que hoy se aprueba y que lo que pretende es dar estabilidad y continuidad a esa parcela.

La portavoz de Podemos, Maru Díaz, ha incidido, y es a lo que la formación morada ha orientado sus enmiendas, en la necesidad de reconocer a los nuevos agentes sociales, de disminuir la brecha salarial, del 25 % en Aragón, la mayor de todas las regiones, que las cuestiones de igualdad de género ocupen el centro del diálogo social, fomentar empleos de calidad, velar por los derechos laborales y reforzar el esfuerzo por atender a las pymes.

El diputado del PAR Jesús Guerrero ha abogado por pasar ahora de la "escucha activa" a la "participación activa" porque, a su juicio, "de nada sirve una ley si la administración no cumple con su cometido" como es la creación de las condiciones para crear empleo, por ejemplo "no poner trabas fiscales" a las empresas que lo promueven.

Desde Ciudadanos, José Luis Martínez ha advertido a Gastón que "no es una ley del Gobierno y los agentes sociales" sino también de los grupos parlamentarios, y en todo caso "de los agentes sociales" dado que el objetivo era dotar de "utilidad" a la ley pero también porque los grupos políticos van a poder participar de ese diálogo social.

Para Martínez es una ley "mucho más importante de lo que parece" porque pone en valor precisamente el trabajo que realizan los agentes sociales, y ha puesto como ejemplo la negociación del convenio de PSA-Opel para salvar la competitividad de la planta de Figueruelas (Zaragoza), y porque demuestra a las empresas que vengan de fuera que van a tener estabilidad.

"Lo que es fundamental es ejercer el diálogo social y sería absurdo hacer política sin tener en cuenta las demandas de los agentes", ha subrayado Patricia Luquin, en representación de su formación, y del Grupo Mixto.

Luquin ha resaltado además que la aprobación de la ley a través de procedimiento de lectura única demuestra la voluntad parlamentaria de darle cobertura legal y ha dicho que lo que pone en valor sus catorce artículos es "la vocación de perdurabilidad en el tiempo".