El Gobierno de Aragón y el central acordarán hoy la creación de un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de cumplir el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, que prevé un convenio financiero propio entre Aragón y el Estado. Es la primera vez que se da un paso así, aunque la efectividad del mismo está por ver, ya que la Administración central es remisa a crear convenios bilaterales de financiación, y más en pleno debate sobre el modelo de la financiación autonómica, que está en revisión y pendiente de un informe de expertos que se conocerá a lo largo de los próximos meses.
La creación de este grupo de trabajo será el principal acuerdo al que llegarán hoy ambas administraciones en la reunión de la comisión bilateral, que se celebra tras más de tres años de retraso y sobre la que se lleva trabajando varios meses. Esta cumbre será copresidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que vendrá acompañada del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna y el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, el aragonés Roberto Bermúdez de Castro. La delegación aragonesa estará encabezada por el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, y secundada por los consejeros José Luis Soro, Joaquín Olona, Fernando Gimeno, Pilar Alegría y Sebastián Celaya, así como el secretario general técnico Julio Tejedor.
más asuntos pendientes / El convenio es el punto más polémico de una reunión que contiene en su agenda dieciséis asuntos a debatir. Entre ellos, obras demandadas secularmente por la comunidad autónoma, como los desdoblamientos carreteros, el impulso al corredor cantábrico-mediterráneo o la descontaminación del lindano en la cuenca del Gállego. Se debatirá, a petición de Aragón, sobre el plan de cuencas internas de Cataluña, que a juicio del Gobierno autonómico permite un hipotético trasvase del Ebro y también se creará una comisión de seguimiento que supervisará el estado de los acuerdos que se adopten en estas cumbres, hasta ahora con incierto resultado de éxito. Estas comisiones de seguimiento redactarán informes que se elevarán al consejo de Ministros y al consejo de Gobierno. La cuestión más polémica es que no se revisará el convenio suscrito entre Aragón y Renfe para el mantenimiento de la red ferrobviaria de media distancia.
También se abordará el aprovechamiento de los saltos hidroeléctricos por parte de aquellos municipios pirenaicos que los padecen, y la política de becas escolares, así como otro tipo de transferencias.
En esta ocasión, la reunión se celebra la próxima tarde en Zaragoza, en el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.
