Aragón abanderó ayer en Madrid la exigencia al Ministerio de Sanidad de la adopción de «medidas urgentes» ante la acuciante falta de facultativos. La comunidad lideró el frente común formado por la totalidad de autonomías para reclamar al Estado «decisiones inmediatas» destinadas a abordar este problema que, según indicó ayer el consejero aragonés Sebastián Celaya, alcanza sobre todo a Atención Primaria y a Pediatría no hospitalaria. «Estamos ante un problema grave que requiere de medidas ya. Ese es el mensaje claro que hemos trasladado al ministerio que, por primera vez, ha accedido a abordar este asunto en Comisión Interterritorial», expuso.
De este modo, la cita entre ministerio y comunidades se saldó con la creación de un grupo de trabajo integrado por un técnico de cada autonomía que deberá exponer al ministerio, antes del 15 de enero, las medidas adoptadas de forma consensuada. Entre ellas figurarán algunas a medio o largo plazo, como que los Médicos Internos Residentes (MIR) permanezcan un tiempo en las comunidades donde se han formado. Otras decisiones se aplicarán de forma inmediata, entre ellas, la extensión a todas las especialidades del aplazamiento de la jubilación o la creación de un registro estatal de profesionales sanitarios para analizar el estado actual de las plantillas.
En Aragón, se estima que habrá un déficit de 80 médicos de Atención Primaria en el 2020. «Es un asunto fundamental para la comunidad, donde existe mucha dificultad para cubrir puestos en hospitales alejados de la capital y plazas de médicos rurales, y donde se prevé un déficit de unos 500 especialistas en los próximos años», indicó Celaya poco antes de viajar a Madrid para reunirse con Dolors Montserrat,
El consejero avanzó su intención de ofrecer contratos de un año a profesionales sanitarios destinados a cubrir bajas. La medida permitirá suplir todas las ausencias que se produzcan durante ese periodo en un centro u otro. «Estamos hablando sobre esa posibilidad del contrato por un año, pero la medida definitiva vendrán a partir de la oferta pública de empleo convocada ya para el trimestre del próximo año y que permitirá contratar a 700 facultativos más en dos años», expuso Celaya.
En todo caso, esta medida se está abordando actualmente con los sindicatos. Estos contratos de un año de duración con opción de que la Administración cambie el destino de trabajo de un profesional en función de las necesidades, ya se está ofertando a los médicos extracomunitarios, ya que para obtener permiso de residencia necesitan un contrato de un año de duración. Ese tipo de contratación es, pues, la que se pretende extender ahora.
En este sentido, la Interterritorial también abordó la necesidad de convalidar de forma más ágil las titulaciones a los sanitarios extracomunitarios para que se puedan quedar a trabajar en el lugar donde han recibido la formación.
