- El Pleno de las Cortes ha exigido hoy por unanimidad el impulso de un Pacto de Estado para la transición energética que incluya legislación y planificación, con objetivos y medidas concretas a desarrollar de forma coordinada para garantizar una transición energética justa y coherente con los territorios dependientes del carbón.

Así se incluye en una iniciativa presentada por el PP que ha incluido un segundo punto en el que se exige la extensión del Plan Miner hasta junio de 2019 para que los convenios se puedan desarrollar hasta esa fecha y que un nuevo plan desarrolle hasta 2030 el uso del carbón dentro del mix energético.

Este punto ha contado con la abstención de Ciudadanos y el rechazo de Podemos, porque Serrat ha aceptado incluir parcialmente una enmienda de la formación morada que al portavoz, Héctor Vicente, no le ha parecido suficiente.

Serrat ha insistido en que es necesario defender una transición energética, que viene marcada por la normativa internacional, "justa y coherente", y para eso se necesita el máximo acuerdo entre instituciones y agentes implicados.

A su juicio, las "prisas" por acabar con el carbón, demostradas por la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, no son positivas, puesto que antes hay que transformar a fondo la economía y establecer alternativas hasta que otras fuentes de energía puedan garantizar la demanda y haya "otras alternativas de desarrollo" para la Comunidad y el país.

Desde el PSOE, Julia Vicente ha reprochado que durante el tiempo de Gobierno de Mariano Rajoy ninguna planificación energética se llevó a cabo, en una "inacción total", y ha instado la extensión del Plan Miner 2013-2018 hasta el 30 de junio de 2019, fecha a partir de la cual debería desarrollarse otro con el horizonte de 2030 para garantizar el uso del carbón dentro del mix energético.

Héctor Vicente, de Podemos, ha apoyado la necesidad de promover un Pacto de Estado para una transición justa pero ha mostrado su rechazo a que se insista a largo plazo en la continuidad del carbón, como a su juicio hace el PP, que "engaña a la población" al mezclar el Plan Miner con las ayudas para que la central pueda continuar con su actividad, tal y como constaba en el segundo punto de la proposición.

Como alternativa, Podemos ha propuesto una enmienda, que ha sido aceptada parcialmente, para exigir que el Plan Miner realmente ayude a la generación de oportunidades económicas y que priorice la creación de puestos de trabajo.

Desde el PAR, Jesús Guerrero, ha insistido en que hay que defender la minería de Aragón "con una sola voz" y se ha preguntado cómo pretende el Gobierno de España cubrir el 17 % del consumo de energía español que genera el carbón.

Javier Martínez (Ciudadanos) ha dicho que el cierre de la térmica tendrá un impacto del 4 % del PIB, y a pesar de que pasan los años, "nadie toma la batuta" y nadie se pone "manos a la obra" para ayudarles frente al futuro que les espera.

Ha pedido "medidas paliativas" para que el daño sea el menor posible, y alargar el proceso, algo que pasa, a su juicio, por una utilización correcta de los planes Miner.

La diputada de IU Patricia Luquin, por su parte, ha dudado de que la transición sea justa, aunque debe intentarse que sea "lo menos traumática posible". Ha dicho que tiene "serias dudas" de que se pueda convencer al Gobierno de España, y sobre todo el de Europa, de mantener las centrales abiertas en 2020, un año que está "a la vuelta de la esquina"