Aragón fijó ayer por ley la prestación de un servicio gratuito de asesoría jurídica a mujeres en riesgo de violencia machista, inmigrantes en cualquier situación, presos y menores.
La nueva norma, que agrupa las diferentes consultorías jurídicas gratuitas que prestan los distintos departamentos y organismos públicos del Gobierno de Aragón, garantiza que esos servicios son gestionados «desde instituciones colegiadas» como son los colegios de abogados y, finalmente, según defendieron los ponentes en las Cortes de Aragón, «aporta un horizonte de estabilidad y continuidad en el servicio frente a la temporalidad a la que está sujeto en estos momentos».
El alto grado de acuerdo alcanzado por la nueva ley, cuyo texto recoge un buen número de las aportaciones planteadas por todos los partidos, tiene que ver con el aumento de derechos a colectivos tradicionalmente olvidados por las leyes. Específicamente se garantiza este servicio a las mujeres discriminadas y no necesariamente por violencia de género, los reclusos en vías de reinserción, y los inmigrantes en riesgo de exclusión.
«Vimos que era necesario dar un paso más y facilitar a las personas herramientas para que puedan salir adelante, luchar contra esos problemas y tratar de resolverlos», aseguró el diputado Fernando Ledesma (PP), impulsor de la iniciativa y encargado de su defensa en el palacio de la Aljafería. Además, reclamó que el Gobierno de Aragón tome medidas presupuestarias para su puesta en marcha.
servicio básico / La norma salió aprobada por unanimidad y todos los grupos destacaron la necesidad de aplicarla lo más pronto posible para asegurar un servicio básico, algo en lo que incidió el diputado socialista, Darío Villagrasa.
El diputado de Ciudadanos (C’s) Ramiro Domínguez lamentó que el texto podría haber incidido en algunos aspectos y Patricia Luquin (IU) reconoció que se pondrá fin «a los problemas burocráticos» que hasta ahora tenían que superar los colegios de abogados para poder ejercer esta labor de asesoría.
Desde Podemos, Violeta Barba también destacó que los grupos pueden trabajar «con consenso», aunque recordó que todavía se podría incidir más en los derechos que garantiza la norma. Por su parte, la diputada del PAR, María Herrero, reclamó una mejor dotación económica para las competencias de justicia.
