El mundo rural se está vaciando por la defunción de los residentes que quedan y por el éxodo de los jóvenes que no encuentran trabajo ni oportunidades.

Oficinas bancarias que abren por horas, consultas médicas que atienden tres o cuatro días a la semana, desplazamientos largos para comprar determinados productos, problemas para hablar por teléfono móvil, imposibilidad de navegar por internet, pequeños cultivos abandonados porque no dan dinero, tiendas que cierran por la jubilación de su propietario, incapaz de ceder a nadie el negocio...

Son algunos de los problemas diarios de los cada vez menos ciudadanos que aún residen en los municipios rurales. Para afrontar este reto demográfico, el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones se comprometieron a actuar «conjuntamente».

Lo hicieron en el II Congreso sobre despoblación, que organiza la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Diputación provincial. Al acto de inauguración de ayer, en Huesca, también acudieron la comisionada estatal para la Estrategia Demográfica, Edelmira Barreira, y numerosos presidentes de diputaciones y alcaldes.

Entre ellos estuvo el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, que afirmó que apoyará al Ejecutivo de Mariano Rajoy de «manera cerrada» si acude a Bruselas a defender la lucha contra la despoblación como «una política de Estado».

riesgo de extinción / Tras la primera edición del año pasado en Cáceres, el de estos días en Huesca se ha marcado como objetivo plantear medidas concretas y aplicarlas de inmediato, porque la mitad de los 8.125 municipios españoles se encuentra en riesgo de extinción al no parar de perder habitantes.

El dato proviene de un informe que elaboró la Comisión de Despoblación de la FEMP hace unos meses y que ha servido de base del primer plan contra el éxodo rural de la propia federación, compuesto por más de 80 medidas.

Algunas de esas propuestas se resumen en necesidad de un futuro mapa de zonas de prioridad demográfica, de modo que se redefinan qué son las «zonas escasa y muy escasamente pobladas»; la puesta en marcha de ventajas fiscales para que nuevos habitantes se instalen en los pueblos y la búsqueda de financiación.

La eurodiputada Inés Ayala corroboró la relevancia de Europa en la reactivación del mundo rural, si bien reclamó «una manera inteligente» de canalizar las ayudas.

Según advirtió, es probable que la inyección de fondos estructurales mengüe en próximas entregas como consecuencia del brexit, ya que se irán de Europa más de 60 millones de personas y una cuantía considerable de millones de euros. El reparto de dichos fondos estará sometido a «muchas presiones», dijo.

Europa, en definitiva, estará detrás de que la repoblación pueda tener visos de éxito, y un ejemplo de ello se encuentra en la Política Agraria Común, la PAC, la cual, según advirtieron los presidentes de las diputaciones provinciales de Huesca y de Zaragoza, «piensa antes en las grandes rentas que en los pequeños agricultores, que son los que viven en los pueblos». Una posible solución es establecer cauces para una «discriminación positiva».

Por todo ellos, las instituciones renovaron su compromiso de exgir a Bruselas su respaldo e implicación en la repoblación de las zonas rurales, para que estén en la primera línea.