La Cámara de Cuentas ha vuelto ha emitir un informe fiscalizador crítico con la gestión presupuestaria del Gobierno de Aragón. En esta ocasión el texto hace referencia a la cuenta general del 2017 y en ella se incluyen entidades como el Servicio Aragonés de Salud, el Instituto Aragonés del Agua (IAA) o el Banco de Sangre. En concreto, el órgano fiscalizador cree que el departamento de Hacienda incumplió el procedimiento de contratación por un importe al menos de 211 millones ya que fueron adjudicados sin expediente administrativo ni formalización de contrato.

Estas entregas de adjudicación directa hacen referencia específica a los 182 millones que correspondieron a compras de farmacia hospitalaria, 16 a gastos relacionados con los implantes, ocho a los servicios de rutas escolares y otros cinco a servicios de atención a menores y ocupación de plazas residenciales.

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, reconoció ayer a este diario los problemas, pero avanzó que se corregirán en el 2019 pues ya se han licitado las especialidades farmaceúticas mediante un «acuerdo marco» con un valor de 920 millones de euros y se han abierto ya las ofertas económicas, por lo que solo queda la adjudicación. «Esto supone regular la contratación de especialidades y se va a seguir en la misma línea», explicó.

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Otros de los incumplimientos de legalidad más significativos del informe es el que hace referencia a los fraccionamientos de los contratos públicos. La Cámara de Cuentas ha detectado durante el 2017 «un número importante» de contratos menores (por un valor acumulado de 12,7 millones) en los que pudo existir «un fraccionamiento irregular» del objeto de los contratos con la finalidad de «no aplicar los procedimientos de adjudicación legalmente previstos». Hacienda replica que estas fórmulas de contratación desaparecerán cuando se ponga en marcha el acuerdo marco en los centros hospitalarios.

También se han identificado 448 millones de gasto por contrato que no fueron comunicados a la entidad fiscalizadora y de los que tampoco consta su anotación en el registro público ni en el portal de transparencia.

CUENTAS EN EVOLUCIÓN

En materia de personal, en el 2017 se mantuvieron incumplimientos señalados en auditorías de años anteriores, como la existencia de complementos salariales sin cobertura en una norma o reglamento y el pago del complemento de productividad por 104 millones con carácter fijo cuando es un complemento variable y asociado al especial rendimiento.

El informe también destaca como irregularidades la insuficiencia del presupuesto aprobado para hacer frente a la actividad autonómica por 272 millones, si bien reconoce que los ingresos finales permitieron aprobar modificaciones por 253 y evitar parte del desfase. «Las previsiones se han realizado todos los años en un momento en el que los presupuestos estatales no estaban aprobados», defiende Gimeno. Y señaló que si no se pacta pronto un Gobierno estatal una repetición de elecciones podría provocar todavía más complicaciones en la materia.

La oposición aprovechó para cargar contra la situación financiera de la comunidad y deploraron la gestión presupuestaria de Gimeno. «Si en lugar del Gobierno de Aragón, Javier Lambán presidiera una empresa privada, un informe de estas características le habría costado el puesto», escribió el candidato de Cs, Daniel Pérez Calvo.