El Gobierno de Aragón gasto durante el 2019 un total de 219 millones de euros que no tenían cobertura presupuestaria, lo que supone 102 más que en el ejercicio anterior (casi el doble). Así se desprende del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas dado a conocer este miércoles, aprobado por el consejo de dicho órgano.
En general, el documento indica que la cuenta en el ejercicio 2019 es «favorable, con salvedades». Así, destaca por encima de todo esas ‘facturas en los cajones’ sin asignación, que han crecido hasta los 2019 millones fundamentalmente por los gastos sin cobertura presupuestaria del Servicio Aragonés de Salud, que llegaron a 191 millones (114 millones más que en el 2018).
El resultado de la revisión por parte de los auditores identifica varios incumplimientos significativos de la normativa que rige la gestión económica. Así, en el 2019 el gasto consolidado de la comunidad autónoma fue de 6.528 millones de euros, 2.312 correspondientes personal. Los ingresos ascendieron a 6.328 millones, mientras que el remanente de tesorería fue negativo por 860 millones y el endeudamiento neto aumentó 20 millones, por lo que se situó en 8.812 millones de euros a final del ejercicio. «En opinión de la Cámara de Cuentas, estos datos muestran una situación económico-patrimonial delicada que puede empeorar por el impacto del covid en las cuentas públicas si no se reciben fondos extraordinarios suficientes y se gestionan correctamente», reza el informe.
La deuda del tranvía
Otra salvedad del informe es la «provisión insuficiente» para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas derivadas de litigios, entre ellos, la reclamación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de 34 millones de euros en concepto de liquidación del convenio para la financiación del tranvía, «que no figura reflejada en las cuentas autonómicas».
Respecto a la auditoría de legalidad, la Cámara señala que en el 2019 la administración «incumplió» los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y periodo medio de pago a proveedores.
Un año más, el informe advierte de la «insuficiencia del presupuesto del ejercicio» (que en esta ocasión fue el del 2018, ya que era prorrogado) para hacer frente a la actividad de la comunidad, «lo que ha obligado a realizar modificaciones presupuestarias, algunas fuera del ejercicio, por un importe consolidado de 509 millones», se indica en el documento.
Tasa de temporalidad
Entre otras modificaciones se destacan las realizadas para atender gastos previsibles, como la nómina del personal docente y sanitario. Aragón también incumplió, según el informe, el Estatuto Básico del Empleado Público «al no convocar las ofertas públicas de empleo necesarias» para reducir la «elevada» temporalidad de su personal. A 31 de diciembre del 2019, el 46% de los 59.847 empleados de la comunidad eran temporales.
Por otro lado, el análisis de la contratación refleja que en dicho año la comunidad realizó 9.999 contratos por importe total de 307,6 millones de euros. A estos habría que añadir 196 millones de euros de gasto sin contrato, correspondientes a la compra de productos farmacéuticos e implantes. Asimismo, la comunidad incumplió el porcentaje mínimo del 3% de contratación con centros especiales de empleo y empresas de inserción.
Sobre la situación financiera de las empresas públicas, el informe señala que el 60% presentan pérdidas y el 70% tienen deudas, por un importe global de 168 millones de euros.
El informe de la Cámara concluye con seis recomendaciones. Entre ellas, destaca un registro y valoración «correcta» de todos los bienes e infraestructuras de la comunidad «para que el valor de los fondos propios sea el real»; realizar una planificación general «a la que se ajusten los objetivos concretos» de los distintos programas presupuestarios y hacer seguimiento; y proceder a la convocatoria de las ofertas de empleo para reducir la temporalidad.
Sin contabilizar la concertada y el dinero de Zaragoza Alta Velocidad
En el documento, los auditores también destacan la falta de contabilización de los compromisos de gasto futuros por 1.942 millones. Entre ellos, destacan los 170 millones anuales (81 para Infantil, 81 para Primaria y 8 millones para Educación Especial) de la enseñanza concertada o los 51 millones sobre el compromiso futuro para la refinanciación de la sociedad Zaragoza Alta Velocidad. «Se trata de un compromiso firme, adoptado por el Gobierno de Aragón en el ejercicio 2016, para asegurar las disponibilidades presupuestarias necesarias para transferir recursos requeridos para atender los pagos», cita el documento.
Además, también se recoge que el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) no incluye el endeudamiento financiero en el estado de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros que, al cierre del ejercicio 2019, asciende a 3 millones de euros.
Por último, la cuenta general de la DGA «tampoco recoge como compromiso plurianual» las amortizaciones del nuevo préstamo ICO del Fondo de Liquidez Autonómico suscrito en el 2019 y que asciende a 1.293 millones de euros a 31 de diciembre de 2019. «No se registra el importe de los intereses asociados al mismo», añade. Otra de las cuestiones no contabilizadas, según los auditores, es que a finales del 2019 la DGA adeudaba al Estado 425 millones por las liquidaciones negativas del sistema de financiación de los ejercicios 2008 y 2009. «Estos compromisos futuros llegan hasta el año 2031, cuando se amortizará la deuda, y no se encuentran reflejados en la cuenta como cargas para los próximos años».
