En poco más de un año, Aragón ha atendido a 311 personas con el programa de acogida de refugiados. De ellos, 207 proceden del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla o han sido detectados en el territorio español y han pedido asilo internacional; 58 son reubicados por la Unión Europea procedentes de Italia y Grecia, y otros 46 reasentados desde los campos de refugiados de Líbano y Macedonia.
España se comprometió a reubicar 17.000 refugiados antes de finales del 2017 con el programa de la Unión Europea y a fecha de hoy rondan solo los mil. Más allá de las cifras, el Ejecutivo autonómico constata que las comunidades y los ayuntamientos tienen «un papel secundario» en el proceso de acogida que se limita a «facilitar el acceso de estas personas a los medios y los recursos puestos a disposición de los ciudadanos, así como el refuerzo o adaptación de los servicios sociales» y reclama ser parte activa en los planes de acogida. Ahora es el Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, quien lo gestiona y, una vez en Aragón, la atención de los recién llegados la llevan a cabo organismos no gubernamentales: Cruz Roja, ACCEM, CEPAIM y APIP-ACAM.
No obstante, el Ejecutivo aragonés coordina el Protocolo de Acogida a Personas con Protección Internacional en la comunidad desde 2015. Para ello, se creó un grupo de trabajo interinstitucional, coordinado por la Dirección General de Igualdad y Familias.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, mantuvo ayer un encuentro con refugiados de diferentes países que visitaron el palacio de la Aljafería. Los últimos en llegar a Zaragoza lo hicieron precisamente entre ayer y el jueves, 25 personas procedentes de seis países, en su mayoría grupos familiares.
