—Su asociación ha estado muy pendiente de la actuación de las comunidades en la última crisis humanitaria. Usted vive en Málaga pero es aragonés. ¿Cómo valora el papel de la comunidad y qué espera de su Administración?

—Nosotros siempre hemos entendido que no podemos ser neutrales ante este ataque a los derechos humanos. Nadie puede serlo. Hablamos de las personas más vulnerables que existen y las instituciones tienen que estar a la altura y plantear una alternativa de dignidad humana. Y, dentro de los más vulnerables, los niños son los que más lo son. La reacción de Gobierno español es valorable y debe ser acompañada por la de las comunidades. Como dice, vivo en Málaga y todos los días acuden centenares de personas que cruzan el Mediterráneo jugándose la vida para buscar una alternativa de dignidad humana. Y las comunidades tienen que ser solidarias. Hay países de la Unión Europea que dicen que eso pervierte el sistema pero creo que son unos canallas. Nadie puede negar esa justicia social y confío en que Aragón, con un Gobierno que ha demostrado estos últimos años una gran capacidad de solidaridad, ejecute sus intenciones y se comprometa con este tema. Somos un pueblo solidario y seguro que Aragón estará a la altura.

—O sea, teme que esa falta de solidaridad de algunos países también se dé entre comunidades autónomas...

—Habrá dirigentes que no tengan alma y no les interesará esa justicia social, pero espero que sean los menos y que sean castigados por los votantes. Esto afecta a todas las personas y el compromiso debe ser sin paliativos.

—Parece que Aragón está recuperando el terreno perdido en lo que a la gestión de servicios sociales se refiere. ¿Es así?

—Los recortes inmisericordes llevados a cabo durante el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi están siendo recuperados por parte del actual Gobierno. Pero obras son amores y no buenas razones y esperamos que antes de que acabe la legislatura todos esos recortes sean revertidos y, especialmente en dependencia y servicios sociales, se recuperen hasta ofrecer la misma cantidad de atenciones que hace cuatro años y busquemos la plena atención a la dependencia.

—¿La situación llegó a ser crítica?

—En Aragón fue terrible. Pasamos de tener 27.475 personas beneficiarias de la dependencia en el 2011 a 16.790 en mayo del 2015, es decir, se redujeron los atendidos en más de 10.000 en cuatro años. No es que hubiera un estancamiento, sino que fue un retroceso y, con una actuación inmisericorde, se dejó a esas personas que murieran sin las prestaciones a las que tenían derecho. Fueron cuatro años de plomo de recortes en el sistema de atención a la dependencia, pero también en sanidad, educación y servicios sociales en general. Hubo un desmantelamiento de las políticas de bienestar.

—Desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se insiste en que el objetivo es acabar con la lista de espera el primer año de la próxima legislatura, a más tardar...

—El problema no es económico porque, si el Estado recupera el nivel mínimo de aportación y la DGA mantiene su apuesta decidida en los fondos, se podría conseguir la plena atención en un año. Sería muy importante agilizar los procedimientos de atención, aunque ha sido positiva la nueva normativa de la DGA para agilizar, precisamente, los procedimientos en cuanto a la valoración y la prescripción de recursos de la dependencia.

—¿Cuál es la lista de espera actual?

—Se sitúa en el 20%, pero es que en mayo del 2015 era el 31%. Se ha bajado un 11% y se ha situado por debajo de la media nacional (25%). Nosotros consideramos la plena atención cuando la lista de espera está entre el 5% y el 10%, algo que solo dos comunidades, Castilla y León y Asturias, han logrado hasta ahora. Aragón podría recibir del Estado casi 18 millones de euros para atención a la dependencia, lo que le permitiría atender a 3.000 personas más. Y, si la DGA mantiene el ritmo actual, con la incorporación, el último año, de 4.000 personas, podría atender a prácticamente toda la lista de espera. El problema, insisto, está en la gestión, aunque la DGA va a agilizar el procedimiento contratando a 16 validadores y facilitando la tramitación. Es posible que no se recupere la plena atención por tener más solicitudes pero sería porque se ha sacado a más gente de la desesperanza por la desisida del anterior Gobierno. Aragón ha avanzado mucho y está haciendo los deberes, En mayo del 2015 había 0 personas atendidas en ayuda a domicilio y eso también se ha desarrollado ya. El gerente del IASS, Joaquín Santos, está haciendo un muy buen trabajo.

—¿Cuáles son los deberes por hacer?

—Hay tres aspectos. En dependencia, hay que cambiar la tendencia de la prestación. Hay excesivas prestaciones económicas en el entorno familiar y pocos servicios y es necesario invertir eso. La segunda cuestión afecta a la ley de la renta social básica. No hay justificación de ningún tipo para que aún no haya salido adelante en las Cortes de Aragón algo que es un derecho de la ciudadanía. Es un proceso que sí se ha hecho ya en Cataluña, Castilla y León, País Vasco o Navarra. Es inexplicable que no se garantice unos mínimos vitales a personas en estado de pobreza que tienen que asegurar su medio de subsistencia. Las fuerzas políticas deben ponerse de acuerdo ya y aprobarla antes del fin de la legislatura. Y el tercer apartado es el desarrollo normativo de la ley de servicios sociales. Se ha aprobado ya el catálogo y el mapa pero se necesitará que ese complejo modelo de servicios sociales sea ese modelo de intervención que queremos.