Aragón ha puesto en marcha un plan estratégico para la prevención y lucha contra la violencia machista y un protocolo de coordinación ante la violencia de género, los más avanzados de España en tanto en cuanto el plan amplía el reconocimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres y considera a sus hijos víctimas directas.
La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, ha presentado hoy en rueda de prensa estas dos nuevas herramientas para luchar contra una lacra que "concierne a toda la sociedad" y que incluyen importantes novedades, como considerar como violencia contra la mujer a los malos tratos psicológicos, la violencia y agresiones sexuales, el acoso sexual, la trata con fines de explotación, la prostitución, el alquiler de vientres y la mutilación genital.
El alquiler de vientres, según considera el IAM, es una práctica que sitúa a la mujer en "especial vulnerabilidad" y tiene "riesgos perniciosos" en tanto en cuanto "mercantiliza" su cuerpo y, por tanto, afecta a todas las mujeres.
También se reconoce a los hijos de las mujeres que sufren violencia como víctimas directas y contiene un protocolo especial para las mujeres con discapacidad, a quienes se pretende facilitar el acceso a todos los recursos.
El plan estratégico contará con un presupuesto de 13,38 millones de euros para el periodo 2018-202 (3,18 millones para este año), que con toda seguridad se incrementará con los fondos que le corresponden a Aragón tras la firma, el martes, del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, de 4,7 millones de euros.
Contiene tres líneas estratégicas: sensibilización y prevención, atención integral y coordinación y gestión pública, con 85 medidas concretas que implican a todas las administraciones y entidades públicas, privadas y sociales.
En el sentido que recoge la ley autonómica de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, de marzo de 2007, el plan, además de ampliar el reconocimiento a otras formas de violencia, no circunscribe estas situaciones al marco de una relación afectiva, como sí establece la ley orgánica de 2004 al considerar como violencia de género aquella ejercida sobre la mujer por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad.
Como cuestiones concretas, el plan refuerza la coordinación y respuesta institucional ante estas situaciones e incorpora la necesidad de trabajar en la detección precoz y la prevención, con lo que el trabajo con los hombres, maltratadores o no, y con los jóvenes, cobra "una dimensión específica".
También incluye actuaciones para tratar la violencia a través de nuevos medios, como las redes sociales, pero también en los medios de comunicación, para el correcto "abordaje mediático" de estas situaciones.
Y presta especial atención al principio de interseccionalidad, es decir, el reconocimiento de las desigualdades añadidas que sufren las mujeres más vulnerables, aquellas que tienen discapacidad, las del medio rural, las emigrantes o las gitanas, entre otras y que generan, según Salvo, una "multidesigualdad" que es necesario combatir con medidas concretas.
Salvo ha explicado que el plan se ha aprobado después de un amplio proceso participativo, articulado en seis talleres presenciales y un taller "online", que posibilitó la incorporación total de 404 aportaciones de las 493 realizadas y de 20 parcialmente.
El protocolo, por su parte, actualiza el vigente, promulgado en 2008 y que por tanto, a pesar de no ser malo, se había quedado "obsoleto" y "desfasado", según Salvo, y que asegura el "acompañamiento integral" de las mujeres y sus hijos por personal especializado antes, durante y después de la denuncia.
Esta herramienta hace hincapié en el concepto de violencia de género recogida en la ley estatal y fija cuatro ámbitos de actuación, entre ellos, y como novedad, el educativo para actuar ante situaciones producidas en el seno de la comunidad educativa y para implementar acciones de prevención.
En el ámbito sanitario se establece una pauta homogénea de actuación ante estas situaciones en el Salud y que incluye medidas específicas para mujeres embarazadas, inmigrantes, con VIH, mayores o del medio rural.
El judicial regula la orden de protección, la oficina de asistencia, las notificaciones a la víctima y los puntos de encuentro y el relacionado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hace hincapié en la coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil en todas las fases de la denuncia y el atestado y en lo relativo a la valoración del riesgo.
En este sentido, Salvo ha reclamado al Estado un incremento de las dotaciones policiales, recortados durante los últimos cinco años, ha dicho, porque los policías son quienes garantizan la protección de las víctimas.
Finalmente, en el ámbito de los servicios sociales se prevé intensificar la divulgación de los recursos disponibles entre las mujeres y entre otras instituciones.
