La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha inmovilizado entre 800 y 1.000 kilos de carne y embutidos distribuidos por la comunidad y que habían sido comercializados caducados o incluso en estado de putrefacción. Según confirmaron a este diario fuentes del Departamento de Sanidad, el producto se detectó en las tres provincias, concretamente, en cuatro puntos de distribución: dos en Teruel, uno en Zaragoza y otro en Huesca.

La alerta sanitaria, publicada hace unos días por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria, recomienda no consumir estos productos si alguien ya los ha comprado y los tiene en su casa. Así, las marcas comercializadas cuyos productos se están retirando del mercado corresponden a Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón Bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita.

La operación policial se inició el año pasado en Badajoz, con la destrucción de 275.000 kilos de productos cárnicos en mal estado, y en los últimos días, las autoridades competentes de la Comunidad Valenciana han inmovilizado más de 100 toneladas de carne, en su mayoría jamones, almacenados en dos naves pertenecientes a un establecimiento ubicado en Alzira. Este, según la alerta del ministerio, carecía de autorización sanitaria y no estaba inscrito en el Registro General Sanitario de Industrias Alimentarias y Alimentos.

El producto estaba «en evidente estado de deterioro y falta de garantías sanitarias» y se comercializaba a través de las cadenas de distribución de la empresa Family Cash y en la cadena de supermercados Kuups Design International S.L. En la primera de ellas se han retirado ya 4.302 kilos de cárnicos loncheados y 363 piezas de jamón y paleta, mientras que en Kuups Design se han apartado 20.000 unidades de distintos productos cárnicos, según se cita en la alerta sanitaria.

Investigación abierta / Por otro lado, ya se ha suspendido la actividad de cinco empresas dedicadas a la manipulación de productos cárnicos implicadas en los hechos. La investigación «se sigue desarrollando, ya que las citadas empresas tienen vinculación con otros almacenes de la Comunidad Valenciana y de otras», añade.

Las autoridades sanitarias han puesto a disposición de la Guardia Civil toda la información. La actuación se está llevando a cabo en todo momento de manera conjunta con la Guardia Civil por tratarse de una actividad ilegal, que no cumple ningún requisito sanitario. «Debido a esta situación ilegal, existe una falta de trazabilidad y aún no ha sido posible determinar con exactitud el origen y destino de los productos inmovilizados», precisa en su comunicado la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.