El comisionado aragonés para la despoblación, Javier Allué, reclamó ayer que la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico que se presentará en marzo incluya variables como la dispersión y la extensión territorial a la hora de establecer medidas.

Allué planteó esta reclamación durante el transcurso de la III Reunión del Grupo Institucional frente al Reto Demográfico, que integra a representantes del Gobierno central, comunidades autónomas y Federación Española de Municipios y Provincias, según informa el Ejecutivo aragonés.

Este comisionado señaló que Aragón será una de las comunidades autónomas que tendrá una mayor incidencia en la estrategia tras las reivindicaciones y los datos presentados en la reunión. En el encuentro se presentó un informe sobre estructura de población, envejecimiento, fecundidad, migraciones y proyecciones demográficas en cada una de las autonomías, con datos referidos a la proporción de personas mayores de 64 años, a la ratio de masculinidad, a los índices de envejecimiento, a la tasa de dependencia o a la tasa de natalidad.

Según el Ejecutivo autonómico, Allué destacó el cumplimiento de los plazos ante los representantes de las comunidades los distintos planes que se han elaborado por los departamentos de Sanidad y Ciudadanía y Servicios Sociales en Aragón para cubrir todo el territorio aragonés.

En este sentido, Allué volvió a reclamar la «imperiosa necesidad» de modificar la ley de financiación de las comunidades autónomas para que se tenga en cuenta el coste real de los servicios básicos en el medio rural. Solicitó, asimismo, que las inversiones consignadas en los presupuestos tengan en cuenta variables como la dispersión, la extensión territorial y los desequilibrios territoriales en las zonas despobladas.

En su intervención, reclamó la modificación de la ley de las haciendas locales que garantice las suficiencia financiera de los municipios especialmente los más despoblados.

PRESUPUESTOS

Allué defendió también una modificación de la ley de presupuestos para incorporar un fondo especifico para la lucha contra la despoblación y medidas de fiscalidad de discriminación positiva para las zonas más despobladas. Para Allué, la estrategia a definir «no puede ser sólo un catálogo más de medidas para el medio rural sino que debe incorporar una metodología de aplicación de dichas medidas en las zonas despobladas». Insistió, por otra parte, en que dicha estrategia debe de aplicarse de forma prioritaria en el medio rural.

Allué quiso recalcar especialmente que las acciones de la Estrategia deben concentrarse o territorializarse de forma diferenciada por zonas rurales previamente delimitadas por las CCAA, y las entidades locales. El comisionado reiteró en la necesidad de desarrollar planes de zona rurales o Instrumentos de desarrollo rural a medida para cada zona o comarca.

Los gobiernos de Aragón, Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León están unidos en un frente común para que se atiendan las necesidades de gasto reales de las regiones en cuanto al reto demográfico y la despoblación en la reforma de la financiación. Reclaman que, respetando la Constitución, se impulse una nueva financiación que garantice el principio de igualdad entre todos los españoles y que las diferencias entre estatutos no impliquen, «en ningún caso, privilegios económicos o sociales».