Aragón insta revisar el Código Penal para evitar fallos como el de la manada

En la iniciativa, las Cortes manifiestan su apoyo a la víctima de la manada y comparten el malestar social y la decepción ciudadana que ha producido la sentencia, que fijó como abuso sexual y no como violación los hechos sucedidos una noche de Sanfermín de 2016, cuando cinco jóvenes penetraron repetidas veces en un portal a una joven sin su consentimiento, como quedó demostrado en los hechos probados.

Los grupos, que han mostrado su indignación por la indefensión que este tipo de sentencias causan a las mujeres, han instado de este modo al Gobierno de Aragón a que solicite al de España la revisión y modificación urgente del Código Penal "para que no se reste importancia a los delitos sexuales contra las mujeres".

Y, en concreto, piden que se revise bajo una perspectiva de género el título VIII del Código Penal, el referido a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.

También que se establezca la necesaria obligatoriedad de formación específica en equidad de género y en las implicaciones penales de la violencia machista en todo el estamento judicial, para garantizar que quienes tienen la potestad de juzgar "tengan conocimiento en torno a las implicaciones materiales del machismo sistémico en el que se acometen los delitos contra las mujeres".

La diputada de Podemos Amparo Bella ha lamentado durante su intervención que sentencias como la de la manada demuestran que las mujeres son víctimas de una justicia patriarcal que discrimina a la mujer y mina su libertad sexual y su credibilidad.

Desde el "absoluto respeto" all poder judicial, Podemos considera esta sentencia "un insulto a la inteligencia y libertad de las mujeres", porque en aquella situación "no se puede negar que existió intimidación por abuso de superioridad".

Y el fallo también es fruto, a su juicio, de la "cultura de la violación" que resta importancia a estas conductas, motivo por el que es necesario que se garanticen procesos que no culpabilicen a las víctimas y que haya un poder judicial "sensible" a la perspectiva de género.

Desde el PP, Fernando Ledesma ha coincidido en que aunque no física, en ese caso existió violencia, y ha recordado que la sentencia, "gracias a Dios", no es firme.

Ha asegurado que hay que dar herramientas a los jueces para que puedan aplicar en sus sentencias las nuevas realidades sociales y ha recordado que ya ha comenzado el proceso para reformar las normas en este aspecto.

De igual forma, Darío Villagrasa (PSOE) ha asegurado que la sentencia "avergonzó" a la sociedad en su conjunto, que ha dicho "basta ya" porque las mujeres se quieren "vivas, libres, seguras e iguales".

La diputada del PAR Elena Allué ha lamentado el mensaje que se lanza a los jóvenes con estos fallos, en el sentido que de resulta "muy barato" violar a una mujer que, por otro lado, debe casi morir para que la crean.

Ha lamentado que muchos "juristas retrógrados" no entiendan la situación que viven las mujeres "todos los días" y ha considerado que el problema no es el Código Penal, sino "la mentalidad de quienes lo interpretan".

Por Ciudadanos, Ramiro Domínguez ha considerado sentencias como estas "verdaderos varapalos" ante una sociedad que "empieza" a estar concienciada ante este tipo de delitos, al tiempo que las ha achacado a las leyes, que hay que actualizar, y no a los jueces que las aplican.

Por su parte, Carmen Martínez, de CHA, ha hecho hincapié en que es la "cultura de la violación" la que transmite que las mujeres están permanentemente a disposición de los hombres" y ha abogado por culpabilizar "siempre" a quien comete los delitos y no a quienes los sufren. "Yo también me hubiera dejado ante esos cinco energúmenos", ha enfatizado.

Finalmente, la diputada de IU, Patricia Luquin, ha estimado que la sentencia ha vuelto a las mujeres "más vulnerables e indefensas" y ha agregado que "lo primero que hay que erradicar" es la justicia patriarcal y los perjuicios que "acaban afectando a la interpretación de la ley".