Las Cortes de Aragón han respaldado hoy por unanimidad la creación de una comisión de investigación, solicitada por Podemos, que dirimirá posibles responsabilidades en la gestión del saneamiento y depuración de las aguas después de que un informe de la Cámara de Cuentas advirtiera irregularidades.

En dicho informe, realizado sobre las cuentas anuales de 2015 del Instituto Aragonés del Agua (IAA), el organismo fiscalizador avisa de que la Comunidad Autónoma podría verse obligada a devolver 117 millones al Estado por el "probable incumplimiento" del Plan de Saneamiento y Depuración en la cabecera de los ríos pirenaicos.

Asimismo, analiza la evolución de este plan desde su inicio, en 2001, cuando preveía la construcción de 1.153 plantas potabilizadoras, de las que a finales de 2015 solo estaban en servicio 255, además de apuntar que las obras realizadas resultaron un 25 por ciento más caras, lo que supone un sobrecoste anual de 5 millones de euros.

En defensa de su iniciativa, la diputada de Podemos Marta de Santos se ha congratulado de que "por fin" se abre una ventana que arroje luz para "depurar" por qué Aragón es la Comunidad que paga más caro el servicio de saneamiento.

Ha recordado que el Ministerio ya hizo un estudio pormenorizado de los sistemas de depuración y solamente dos comunidades autónomas escondieron este informe "en un cajón": Madrid y Aragón, por lo que ha considerado que se da un "paralelismo" entre el Canal de Isabel II y el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón.

El informe de la Cámara de Cuentas, ha insistido, deja ver claramente una "retahíla" de ilegalidades que incluye "desvío de fondos" y "sobrecostes millonarios", además de que los aragoneses pagan más del doble por la depuración y en algunos casos hasta diez veces más, ante lo que ha preguntado si acaso han "defecado" por encima de sus posibilidades.

Ha calificado el sistema concesional de "injustificable" cuando había liquidez para ejecutar las depuradoras necesarias y "se desvió el dinero" para acudir a dicho sistema, que ha salido "caro" y por el que Aragón se enfrenta ahora a sanciones.

De Santos ha agradecido a todos los grupos su apoyo a la creación de esta comisión, en especial al PAR, ya que este plan fue pilotado por algunas de sus "figuras", y ha anunciado que invitará a la comisión a la por entonces ministra, que ha mostrado su disponibilidad, y a los alcaldes de todos los partidos que se han enfrentado al Gobierno autonómico para que arrojen luz sobre lo que ha definido como "zancocho", "trama", "tinglado" o, al menos, algo que se ha gestionado "muy mal".

La comisión buscará responsabilidades políticas y "lo que venga", ha concluido comparándola con la que investigó las irregularidades en la plataforma logística de Zaragoza (Plaza).

En el turno del resto de grupos parlamentarios, el diputado popular Ramón Celma ha apoyado la comisión pero "con algunos avisos", porque quiere que sea "útil" y que se evite que las reuniones estén "lastradas" por intereses políticos que impidan que se llegue a conclusiones "certeras".

Ha criticado lo que cree que han sido "difamaciones veladas" por parte del grupo de Podemos y ha confiado en que la comisión sirva para abrir un debate público sobre el modelo de saneamiento.

El portavoz socialista, Javier Sada, ha recalcado su apuesta por la "máxima transparencia", pero "sin prejuicios" y sin venir "con las conclusiones hechas", y ha recordado que este asunto ha sido sobreseído cada vez que ha terminado en la Fiscalía.

Lo que sí que ha sostenido que está "claro" es que el Plan de Saneamiento y Depuración ya no es una "solución" sino un "problema", por lo que el Gobierno está buscando "nuevas fórmulas".

María Herrero, del PAR, directamente aludido por la diputada proponente, ha considerado que esta comisión es una "oportunidad" para que se sepa "la verdad de todo" y se ponga "negro sobre blanco" la gestión sobre la depuración de las aguas en Aragón.

"Nos gusta movernos en agua limpia y por eso este grupo parlamentario apostó para que Aragón tuviese aguas limpias", ha remachado, tras lo que ha afeado a la formación morada que no están depuradas todas las aguas y no están proponiendo nada.

En este sentido, ha denunciado que en esta legislatura solo se ha ejecutado una depuradora, con lo que se demuestra que no hay alternativa al sistema concesional, ya que "a ese ritmo van a terminar de depurar en 300 años".

Jesús Sansó, de Ciudadanos, ha instado a basarse en datos y cifras objetivos y a dejar de lado los "eslóganes de campaña" y las acusaciones "todas ellas sin justificar" porque solo así se podrá analizar cómo los anteriores gestores tomaron las decisiones que tomaron.

En representación del Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) ha recalcado que la Cámara de Cuentas constata que no son "solamente sospechas", sino que hay prácticas que "no se deberían haber hecho", mientras que Patricia Luquin (IU) ha recordado que ya intentó, sin éxito, la creación de esta comisión de investigación en 2012 y que se trata de un asunto "muy, muy grave", ya que muchos ayuntamientos están "sufriendo" la falta de depuradoras.