El Gobierno de Aragón ha anunciado hoy que acudirá a los tribunales si el Ministerio de Justicia no le paga 1,2 millones de euros en compensación por el coste de la justicia gratuita, algo que ya ha reclamado por carta.

Así lo ha avanzado hoy el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha apuntado que el Ministerio ha incumplido su compromiso de destinar íntegramente la recaudación de tasas judiciales a financiar la justicia gratuita y, por eso, ha dicho, se siente "engañado".

En una comparecencia en la comisión Institucional de las Cortes de Aragón a petición del PSOE, el consejero, tras considerar que la necesaria reformulación de las tasas judiciales por el Gobierno central "fue claramente excesiva", ha incidido en que no se han cumplido los compromisos con las comunidades autónomas.

Ya que según el acta de la conferencia sectorial del 7 de mayo de 2012 se indica que los ingresos derivados de las tasas judiciales quedan afectos a la financiación de la asistencia jurídica gratuita.

"Lo ha visto usted, yo no", ha aseverado el consejero, quien ha explicado que el Gobierno de Aragón, si no se lleva a cabo el pago de la parte proporcional, "va a ir a los tribunales, a defender lo nuestro", ha agregado.

Ha remarcado que el Ejecutivo autonómico sigue cumpliendo con sus obligaciones del pago de la justicia gratuita, cuyo coste cuando se transfirió Justicia se cuantificó en 2.858.843 euros y, el año pasado, el Gobierno aragonés pagó 4.394.065 euros.

"No se ha cumplido lo que se dijo en la conferencia sectorial" ni los compromisos públicos que asumió el ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, ha insistido el consejero.

Ha explicado que la nueva ley de tasas para el Gobierno de Aragón ha supuesto el año pasado 1.231.299 euros, que son los que se reclaman, primero por carta al subsecretario de Justicia, que es el primer paso para acudir a los tribunales, que es donde se pueden defender los intereses de la Comunidad y de los aragoneses.

En su intervención, el diputado del PSOE Carlos Tomás ha tachado a Ruiz-Gallardón de "mentiroso e incumplidor", ha hecho hincapié en que la justicia gratuita es un derecho fundamental de los ciudadanos cuya financiación debería garantizarse íntegramente a través de los Presupuestos Generales del Estado y no por medio de "subvenciones".

Tomás ha insistido en que es "evidente" que en estos momentos no se garantiza la financiación pública suficiente del sistema de justicia gratuita, entre otras cuestiones, porque se sigue vinculando a las tasas judiciales y además es un "hecho notorio" que lo recaudado hasta ahora no se ha destina a financiar ese servicio.

Ha criticado que el Ministerio de Justicia esté incumpliendo sus compromisos con argumentos "que se caen por su propio peso", como que la justicia gratuita ya fue financiada cuando se hicieron las transferencias y otra aportación supondría una doble financiación- algo que ha negado Bermúdez de Castro porque el coste del servicio "se ha desbordado"-, y ha mostrado su apoyo al consejero ante cualquier recurso que se pueda plantear.

Por su parte, Patricia Luquin, de IU, ha animado al consejero a ir más allá y pedir la dimisión de Ruiz-Gallardón, en su opinión el peor ministro de Justicia que ha habido.

Mientras que José Luis Soro, de CHA, ha aconsejado a Bermúdez de Castro que incorpore en su reclamación, para reforzar los argumentos, el artículo 107.4 del Estado de Autonomía relativo a la adopción de medidas de compensación cuando hay una variación en las necesidades de gasto por una decisión del Estado.

El portavoz del PAR, Alfredo Boné, ha anunciado que, además de que se reclame en los tribunales, su grupo presentará una iniciativa para incorporar este asunto en la próxima comisión bilateral Aragón-Estado, y el diputado del PP Fernando González ha recomendado al consejero que si los tribunales le dan la razón a Aragón no acepte "ni bienes ni edificios", como hizo el anterior Gobierno de Aragón con las mermas tributarias.

Antes de este debate, el consejero ha comparecido para explicar los asuntos tratados en la conferencia sectorial de Justicia de hace seis meses -del 16 de diciembre de 2013-, de la que ha destacado como punto más polémico, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que hoy ha variado bastante.

Ha recordado que el Gobierno de Aragón mostró su rechazo al anteproyecto porque la Comunidad tienen competencias propias en demarcación de partidos judiciales y capitalidad, y esta ley, en algunos aspectos iniciales, vulneraba el Estatuto de Autonomía.

Desde entonces hasta ahora "ha cambiado algo" la parte del anteproyecto relativa a los partidos judiciales, pero ha indicado que no sabe si la ley se llegará a aprobar y que, en ese supuesto "será muy complicado" que se pueda aplicar, al tiempo que ha remarcado que será necesario "defender con todas nuestras fuerzas" que las sedes desplazadas se mantengan.

También ha destacado entre los asuntos que se trataron en la conferencia la modernización de la justicia, y ha avanzado, al respecto, que después del verano se comenzará a aplicar la bidireccionalidad en las notificaciones telemáticas, para que los profesionales también puedan mandar escritos a los juzgados.

Y que el sistema de grabación en salas de vistas llegará en la primera quincena de septiembre a Huesca capital, este año a Teruel, Alcañiz y Calamocha y en 2015 a las sedes de estas dos provincias.