El 17% del alumnado aragonés estudia en localidades de menos de 5.000 habitantes, siendo el coste de un estudiante en el medio rural tres veces superior al de un escolar de un colegio de ciudad. Ante ello, la comunidad ha decidido liderar un frente común jutno a cuatro autonomías más (Galicia, La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León) para exigir un esfuerzo inversor en este asunto y que sea un criterio para el nuevo modelo de financiación. Ayer, los consejeros del ramo de estos ejecutivos participaron en Zaragoza en una jornada para aunar voluntades.
Los gobiernos autonómicos implicados en este grupo recuerdan que la financiación debe garantizar el acceso a los servicios en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos independientemente de donde vivan. Para ello, la financiación debe partir de las necesidades reales y el coste efectivo de los servicios allí donde se prestan y que debe tener en cuenta variables como la orografía, la baja densidad demográfica, el envejecimiento de la población y otros muchos.
«Abordamos las dificultades y los problemas comunes de esa España interior para financiar y suministrar servicios públicos de calidad y poner de relevancia la necesidad de incorporar nuevos criterios en el modelo de financiación que garantizan la prestación de los servicios públicos de calidad» explicó la consejera de Educación, Cultura y Deporte de la DGA, Mayte Pérez.
Pérez ejemplificó con cifras el esfuerzo que supone para Aragón ofrecer una escuela rural de calidad. El Ejecutivo dedica al 17% de escolares que forman parte del medio rural un 31% de la inversión corriente en Educación. Recordó, asimismo, que la DGA destina más de 16 millones de euros para transporte escolar, un servicio que facilita la igualdad de oportunidades allí donde los alumnos no tienen colegio. «También se han mantenido más de 60 escuelas abiertas con 6 o menos alumnos y hay más de 200 escuelas en el conjunto del territorio con menos de 20 alumnos», recalcó, mientras apuntaba que son datos «que nos obligan a la reflexión y a la reivindicación de que hay que incorporar otro tipo de criterios, no solo la población, para valorar cuál es el coste del servicio y precisamente ser equitativos y justos en el reparto de los fondos para mejorar la financiación autonómica».
La jornada comenzó con una visita al colegio público de Infantil y Primaria Ramón y Cajal de Alpartir, donde el director, Juan Antonio Rodríguez, explicó las metodologías innovadoras que han valido a este centro numerosos reconocimientos.
