La Dirección General de Asistencia Sanitaria ha dictado una instrucción para regular la implantación del tratamiento endovascular del ictus en el Sistema Público de Salud de Aragón, garantizando la accesibilidad a los pacientes de todos los sectores sanitarios.

De este modo, se evitarán desplazamientos innecesarios, informan fuentes del Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El tratamiento endovascular del ictus es una técnica de radiología intervencionista que consiste en la introducción de un catéter guiado por imagen en las arterias cerebrales para eliminar el trombo que causa la obstrucción mediante su extracción.

Esta técnica es ya el estándar de atención de estos pacientes en las primeras seis horas después de iniciados los síntomas y es una oportunidad para todos aquellos que no pueden beneficiarse de la fibrinolisis intravenosa.

En septiembre del 2016 se incluyó oficialmente en la cartera de servicios este tratamiento para aquellos pacientes en fase hiperaguda y que cumplan criterios clínicos, designándose el hospital Miguel Servet como centro de referencia para aplicarlo.

Durante este año, un total de 103 pacientes se han beneficiado ya de esta técnica.

De este modo, en el Hospital Universitario Miguel Servet se ha implantado una guardia de neurorradiólogos intervencionistas y una guardia específica de Neurología que ofrecen asistencia 24 horas durante los siete días de la semana.

Para atender esta última, y teniendo en cuenta su carácter de referencia, se contará con los especialistas de Neurología de todos los hospitales del SALUD, en un número proporcional a los profesionales de cada centro.

En los pacientes que se deriven desde otros centros, antes de su traslado se habrá realizado un escáner y se habrá establecido comunicación previa con el neurólogo de guardia del Servet para valorar la necesidad del traslado.

El ictus es un fallo agudo en la función cerebral por un problema de falta de riego sanguíneo al taparse o romperse una arteria, produciendo un infarto o una hemorragia cerebral.

Es la segunda causa de muerte en España y en Aragón y afecta a unos 2.800 aragoneses cada año.