El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy una modificación "estética y formal" de la ley de horarios comerciales y aperturas en festivos de 2005 con el objetivo de adaptar su redacción a la norma estatal, según ha dicho la consejera de Economía, Marta Gastón.

En su intervención para justificar la necesidad de modificar la norma, la consejera ha insistido en que se trata de un cambio que obedece a la necesidad de aclarar jurídicamente algunos conceptos y recoger la "literalidad" de lo que marca la ley estatal en dos aspectos.

El primero, la obligación de informar al público sobre los días y horas de apertura y cierre de los establecimientos comerciales, o de ponerlo en lugar visible.

Y el segundo, para incluir, como ya hace la ley del Estado, el artículo que dice que los establecimientos que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña y mediana empresa según la legislación vigente, podrán abrir todos los festivos que deseen.

La ley "no tiene mayor enjundia ni pretensión", según Gastón, quien ha recordado que cuando sí se acometió un cambio de fondo fue cuando se decidió limitar el número de festivos de apertura de las grandes superficies a diez, el mínimo que permite la norma estatal.

Sin embargo, para los representantes de Podemos e IU, que han votado en contra de la modificación, ésta sí que abre la puerta a la liberalización total de horarios, algo que "casa mal" con la conciliación laboral y con las condiciones laborales, ha dicho la diputada de Izquierda Unida, Patricia Luquin.

Es, ha agregado, "un mazazo" al pequeño comercio al incluir la posibilidad de que todas las superficies comerciales de menos de 300 metros, incluidas por tanto las franquicias, puedan abrir en cualquier festivo, algo en lo que ha coincidido Román Sierra, por Podemos.

Sin embargo, la consejera, en declaraciones posteriores a los medios, ha insistido en que los artículos que se introducen llevan cinco años aplicándose, dado que las competencias estatales en legislación comercial prevalecen sobre las autonómicas.

Por eso, ha instado a los grupos contrarios a que, si quieren cambiar su contenido, presenten las iniciativas al respecto en el foro adecuado, que es el Congreso de los Diputados.