El Ministerio de Sanidad trató ayer de unificar criterios en la estadística de infectados y fallecidos por covid-19, después de que Cataluña decidiera romper las reglas de juego marcadas al inicio de la pandemia e incluir también a las personas en cuyo certificado de muerte se señala «sospecha de coronavirus». Unas pretensiones que se van a quedar en eso, puesto que Aragón ya ha anunciado que mantendrá el sistema de conteo que empleaba hasta ahora.

El Ejecutivo autonómico decidió ayer seguir con el mismo método puesto que consideran que es más completo, ya que Salud Pública también contabiliza como mortalidad covid-19 a los usuarios de residencias de ancianos infectadas y que han muerto antes de que se les haya podido realizar un test rápido o una prueba PCR.

Fuentes de la Consejería de Sanidad señalan que si adoptaran el modo de actuar propuesto en el BOE «habría que restar los muertos que hemos incluido hasta ahora». No obstante, en Aragón no se contabilizan las personas que fallecen en sus viviendas como consecuencia del virus y que no han sido sometidos a una comprobación científica. Un dato despreciado, a pesar de que la mortalidad de personas bajo sospecha de defunción va en aumento ante la falta de pruebas.

ORDEN

La nueva orden también viene motivada porque se ha doblado la capacidad diagnóstica y gracias a los test rápidos de anticuerpos se ha comenzado a detectar personas asintomáticas pero que se han infectado, aunque no se sabe cuándo. Así, la normativa exige a las autonomías que diferencien los resultados obtenidos por PCR, la prueba más fiable, y por test rápidos, así como cuáles son sintomáticos y cuáles no. En cuanto a los fallecidos, el Gobierno rechaza contabilizar a todos y pide que se comunique únicamente los diagnosticados con un test previo.

Un criterio anunciado en una jornada esperpéntica, con el Gobierno corrigiendo la serie histórica después de reconocer que se han producido «distorsiones» y achacar parte de la culpa a Cataluña, por haber informado hasta ahora por dos fuentes distintas, si bien no ha sido la única autonomía que ha ido por libre a la hora de comunicar los datos.

Así, el balance diario del Ministerio de Sanidad informa de que el número de fallecidos asciende a 19.478, lo que supone 348 decesos más respecto a la cifra comunicada el jueves (19.130 fallecidos). Si bien, el Gobierno anota como nuevos 585, lo que implica que los datos de los últimos días están mal. Y el absurdo va a más con la cifra de curados. El jueves había 74.797 y este viernes 72.963, es decir, en menos de 24 horas se han esfumado 1.834 personas de la estadística, pero el Ejecutivo contabiliza 3.502 nuevas altas.

Ante este caos, el Ejecutivo dio dos tipos de difusas explicaciones. En primer lugar, señaló que Cataluña informó de sus casos por dos vías, a través de las autoridades de salud pública (sobre los casos diagnosticados en hospitales) y por las de nivel asistencial (los datos de las residencias fundamentalmente). El problema es que ambas fuentes dejaron de ser coincidentes en los dos últimos días, hasta tal punto que ayer, según reconoció el director del centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón, representantes del Gobierno y de la Generalitat estuvieron «discutiendo» hasta poco tiempo antes de la publicación de los datos, lo que ha retrasado su difusión.

En cuanto al desfase en las altas, Simón reconoció que tienen dudas en torno a 5.000 casos y achacó las «discrepancias» a que la recuperación de las personas que están aisladas en sus casas «pueden tardar más en incorporarse a los datos». A esto se suma que en las últimas semanas algunas autonomías, como la de Madrid, dejaron de comunicar los datos acumulados hasta la fecha de personas hospitalizadas y en uci y tan sólo informaban de las personas ingresadas en ese momento, lo que invalidó el indicador.