La directora general de Justicia del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, ha manifestado que la Comunidad autónoma puede realizar "aportaciones importantes" a los planes que en estos momentos tiene en marcha el Ministerio de Justicia, tanto en materia tecnológica, como en las modificaciones procesales "para menguar los efectos que la COVID-19 están causando en el sistema judicial".
Así se ha pronunciado tras participar en la Conferencia Sectorial de Justicia, que ha tenido lugar este jueves, 23 de julio, en el Parador de Lerma (Burgos), bajo la presidencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha informado el Ejecutivo aragonés en una nota de prensa.
Júlvez ha ofrecido la experiencia de la Comunidad Autónoma para intercambiar datos para que las Administraciones, operadores y usuarios "se vean beneficiados al cruzar su información con la de otros sectores es fundamental", lo mismo que la implantación de una serie de medidas "para una Justicia digital y sostenible, aspectos con los que estamos plenamente identificados".
Los representantes de las Comunidades Autónomas han conocido los detalles del anteproyecto de ley de Reforma Procesal para la implantación de Medidas de Justicia Digital y Sostenible, centrado en la ralentización de los procedimientos desde varias perspectivas.
Por un lado, la mejora de la eficacia y la implantación de medidas que permitan al actual sistema de la Administración de Justicia atender "en tiempo razonable y útil la tutela judicial que demandan los ciudadanos", han apuntado las citadas fuentes.
El texto también busca conseguir la implementación de medidas para la transformación digital del servicio público de Justicia. Por último, quiere potenciarse la capacidad negociadora de las partes mediante el impulso de la mediación y la introducción de otros medios adecuados de solución de controversias.
MÁS LITIGIOS
La directora general de Justicia del Gobierno de Aragón ha considerado "evidente" que la COVID-19 "va a generar más litigios, es decir, más carga de trabajo y, por tanto, hay que introducir soluciones para que la actividad se acerque lo más posible al ritmo normal e incluso mejorado y que, de esta forma, quienes litigan no sean penalizados de antemano por el retraso y la incertidumbre en las soluciones judiciales que reclaman".
Júlvez ha sostenido que como primer pilar de este proyecto legislativo el Ministerio de Justicia quiere modificar determinados trámites que rigen los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales para que la respuesta "sea lo más ágil y eficiente posible, todo ello sin afección a los principios esenciales de inmediación y oralidad, ni merma de las garantías procesales".
En otro orden de cosas, el ministerio ha dado a conocer el nuevo modelo de gobernanza en el que está trabajando. El compromiso asumido en la Conferencia Sectorial ha sido el de promover, en un marco de reciprocidad, un modelo abierto de gestión de datos que permitan un mejor servicio y compartir este modelo de gestión con las instituciones que dispongan de datos relevantes para desarrollar políticas públicas.
El Gobierno central también ha dado a conocer el documento Justicia 2030, trabajado ya con operadores jurídicos, sociales y con las áreas de gestión del propio ministerio para elaborar un primer borrador como punto de partida.
A partir de septiembre, el documento debe ser mejorado con trabajo y diálogo con las Comunidades autónomas. El objetivo del debate es identificar aquellos proyectos que responden a las necesidades de cada Comunidad autónoma para poder impulsarlos en común.
