El número total de grupos de investigación en Aragón se reducirá un 20% como consecuencia de la implantación del nuevo proceso de reconocimiento para el periodo comprendido entre el 2017 y el 2021. Así lo admitió ayer, en la comisión de Investigación e Innovación de las Cortes, María Teresa Gálvez, que, asimismo, anunció que la nueva financiación de estos grupos será plurianual y llegará a los 9 millones de euros.
El expediente plurianual para las ayudas a los grupos de investigación, un documento económico que contempla 3 millones de euros para cada uno de los próximos tres años, se trasladará el lunes a la Comisión de Hacienda.
La reducción en la cantidad de grupos se producirá como consecuencia del paso de los tres tipos que dividían este método de trabajo a dos tipologías: los grupos referencia y los emergentes. «Perderemos un 20% de grupos con esta nueva calificación, aunque aumentaremos la financiación», reiteró Gálvez, que estimó que «merece la pena». «La modificación era necesaria porque se ha perdido financiación europea, al no trabajar en concurrencia competitiva, y debemos recuperarla».
En la actualidad, existen más de 300 grupos de investigación en la comunidad, según las últimas convocatorias, «una cantidad exagerada» que «debe reducirse», puesto que en ese 20% «sus miembros no tiene ninguna relación», comentó Gálvez. Asimismo, matizó que «se debe demostrar que es un grupo con un desarrollo relevante y actividades conjuntas».
La diputada de Podemos, Maru Díaz, destacó que «se han aumentado las partidas de investigación» aunque admitió que «me sigue preocupando que haya un bajón en el número de grupos, ya que los criterios son bastante duros para cumplirlos».
Por su parte, Modesto Lobón (PP) aseguró que este proceso «es positivo, y hacía falta desde hace mucho tiempo para recuperar fondos europeos, reducir grupos y conseguir que las cuantías fuesen plurianuales». «¿Por qué no se ha hecho antes?», cuestionó.
La socialista Isabel García manifestó que «todo lo que comentó en marzo se ha mantenido en el borrador del decreto», mientras que Jesús Guerrero (PAR) admitió que «nos preocupa que los grupos que sean reales, trabajen juntos y sean operativos».
«Creemos que es importante justificar una ayuda», expuso Javier Martínez (Ciudadanos), mientras que Carmen Martínez, del Grupo Mixto-CHA, afirmó que «un cambio en el proceso administrativo es muy lento pero es garantista» y apostó por «favorecer políticas».
