Aragón está perdiendo unos 25 millones de euros al mes en impuestos autonómicos (Sucesiones, Donaciones, Transmisiones o juego, entre otros) durante la moratoria de pago acordada por la DGA con motivo de la crisis del coronavirus. Así lo ha estimado este lunes el consejero de Hacienda aragonés, Carlos Pérez Anadón, durante su comparecencia en la comisión del ramo en las Cortes de Aragón.

Es lo más parecido a una cifra de pérdidas que ha ofrecido tanto el consejero como el director general de Presupuestos, Andrés Leal, ante las reiteradas preguntas de los proponentes (sobre todo de José Luis Saz, de Ciudadanos, aunque también de Carmen Susín, del PP, David Arranz de Vox) y de Izquierda Unida, por boca de Álvaro Sanz.

La "incertidumbre", tanto en duración de la pandemia como sobre los acuerdos europeos y nacionales, impiden cualquier cálculo, han justificado tanto el consejero como el director general. Aunque este ha insistido en que se dará unan caída de ingresos "sin precedentes", que obligará no solo a reformular los presupuestos como a repensar los gastos. En estos ha sido especialmente incisivo Arranz, de Vox, que ha rescatado los "chiringuitos" y "gastos superfluos" de la Violencia de Género, Memoria Histórica o televisión autonómica como dispendios, enervando a la izquierda.

La popular Susín ha instado, sin éxito, a que el consejero plantease las posturas iniciales del Ejecutivo o del PSOE para el pacto de recuperación económica y social postcoronavirus, o a que al menos le dijese su opinión sobre las que ellos proponen. Entre ellas, declarar inhábiles fiscalmente los días que dure el estado de alarma, demorar un año el pago de tributos, condonar el de sucesiones a afectados por la pandemia o modificar el tramo de IRPF autonómico. Pérez Anadón se ha limitado a decir que no le "suena bien" esta propuesta, pero ha animado a ir a negociar sin propuestas preconcebidas.

MÁS DEUDA

Tanto el consejero como Leal han reconocido sin ambages que la salida de la crisis, con unos ingresos menguantes y unos gastos disparados, pasará necesariamente por un aumento de deuda, que requerirá flexibilizar los objetivos estatales y europeos. Entre tanto, "no es que me quite responsabilidad", ha afirmado, pero poco plan puede hacer el Ejecutivo más allá del decreto que pone el presupuesto a disposición de la emergencia sanitaria y social. Lo que sí han hecho, a instancias del ministerio, es establecer una "cuenta covid-19" en la que enmarcan todos los gastos derivados del coronavirus, que previsiblemente no se computará a la hora de calcular el déficit.

Por lo mismo, no ha precisado al diputado Saz cómo piensan afrontar el Plan Económico Financiero (PEF) necesario para enjugar el exceso de déficit del 2019. El liberal ha incidido también en que los gastos extraordinarios no pueden sufragarse solo con los adelantos a cuenta de la financiación autonómica que están llegando del Estado. Al respecto, el director general de Presupuestos ha remarcado que estos ingresos estatales están "dopados", porque se basan en la previsión de crecimiento del 1,6% del PIB para este año que ha quedado desfasada por la pandemia. Aunque esto habrá que pagarlo en el 2022, con los ajustes de contabilidad. En este sentido, Pérez Anadón casi se ha congratulado de que no vaya a haber Presupuestos Generales del Estado este año, aunque se pierdan ingresos de conferencias sectoriales por ello.

POSTURAS IRRECONCILIABLES

Si algo ha quedado claro en la comisión es que el presidente Javier Lambán tendrá una ardua tarea a la hora de establecer un pacto político para la recuperación, ante posturas "irreconciliables" para salir de ella entre los partidos. No tanto el PAR, con el diputado Jesús Guerrero, pero sí Podemos, con Marta Prades, CHA, con Carmen Martínez e IU, con Álvaro Sanz, han dejado claro que la salida de la crisis "no puede ser con más desigualdad, como la del 2008".

La derecha les reprocha la "demagogia" de querer mantener o cambiar impuestos tras una situación en la que no se va poder pagarlos sin ingresos, mientras la izquierda señala la "incoherencia" de querer "ayudas para todos" sin ingresos públicos por vía impositiva.