Aragón ha expuesto su predisposición para avanzar hacia un Pacto Nacional del Agua, participativo e inclusivo, en el marco del principio de unidad de cuenca, en una reunión con la directora del Agua, Liana Ardiles, a la que también ha asistido el presidente de la CHE, Raimundo Lafuente.

La posición del Gobierno de Aragón parte de los derechos y principios de la política territorial y de aguas contenidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que recoge la obligación de los poderes públicos aragoneses de evitar transferencias de agua de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma.

La delegación del Gobierno de Aragón estaba compuesta por el Secretario General Técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, José Luis Castellano; la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba y el director general de Desarrollo Rural, Jesús Nogués, según informa el ejecutivo aragonés en una nota de prensa.

Para el Gobierno de Aragón "existe una línea roja que es el Estatuto de Autonomía que vela por evitar que los recursos hídricos de la cuenca del Ebro se destinen al desarrollo económico de otros territorios", ha señalado Castellano, quien además considera que "la España del interior tiene unos desequilibrios intrínsecos que no se dan en la costa".

En este sentido, ha manifestado la preocupación del Ejecutivo por las trasferencias de agua como recoge el plan de Cataluña aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, que considera que los déficit estructurales en su cuenca deben cubrirse con el Plan Hidrológico Nacional.

Asimismo, Castellano ha recordado que "el complejo agroalimentario es clave del desarrollo económico, rural y territorial de Aragón, por lo que es una condición necesaria avanzar en la modernización y mejora de la eficiencia del agua de los regadíos existentes, y culminar los regadíos ya aprobados".

Por ello, se ha transmitido al Ministerio la necesidad de asegurar la garantía de suministro de agua, especialmente en los subsistemas del río Aragón, Jalón, y Gállego-Cinca, lo que obliga a considerar estratégica la puesta en servicio de las obras de regulación en sus sistemas (Yesa, Mularroya, Biscarrués-Almudévar).

Por otra parte, se le ha trasladado el estudio y consideración de una serie de medidas en materia de "la gobernanza de los usos del agua, a través de procesos de innovación institucional, tanto de los organismos de cuenca como de las comunidades de regantes".

Con la intención de aumentar sus capacidades y posibilidades de gestión, de tal forma que aporten una mayor eficacia y transparencia en la gobernanza, regulación y aprovechamiento de los usos del agua.

En relación con las mejoras sobre la calidad de las masas de agua y buen estado del dominio público hidráulico, se le ha expuesto la necesidad de establecer mecanismos de control de los problemas actuales por contaminación difusa (nitrógeno y fosfatos provenientes de fertilización orgánica y mineral, y pesticidas-biocidas) que afectan a la calidad de las masas de agua, así como la necesidad de concretar un régimen específico para el tratamiento y depuración de las aguas residuales urbanas de pequeños municipios.

De la misma forma, se ha incidido en relación con la calidad de las aguas en la Cuenca del Ebro, en la potencial contaminación de las aguas del Gállego y del Ebro derivada de los residuos generados el lindano en Sabiñánigo (Huesca). Aragón ha elaborado un plan estratégico a largo plazo que dada su magnitud debe abordarse desde el ámbito estatal.

Otra cuestión en la reunión ha sido la importancia de una gestión integral del riesgo de inundación en el las Riberas Alta y Baja en el tramo medio del Ebro a través del desarrollo de actuaciones prioritarias y medidas de reducción de la vulnerabilidad de la población ribereña.

Asimismo, para los municipios cuyo término municipal esté en más de un 80 % afectado por zonas inundables, se propone la calificación de "municipios de alta peligrosidad ante el riesgo de inundación", con la aplicación de un régimen específico de actuaciones estructurales, así como el establecimiento de compensaciones en materia agroambiental y del sistema de seguros agrarios.

Se ha insistido al Ministerio en la necesidad de adecuar la regulación normativa sobre las zonas de flujo preferente y áreas de inundabilidad temporal controlada, en orden a definir las capacidades de actuación de las distintas administraciones para facilitar la disponibilidad de terrenos en dominio público hidráulico y declaración de las actuaciones de interés general.

Por último, se ha establecido la posición de Aragón en orden a determinar la necesidad de ampliar el concepto de restitución territorial del actual artículo 130.4 de la Ley de Aguas.

Se ha instado al Ministerio a aplicar este artículo no sólo con respecto a aquellas actuaciones declaradas de interés general del Estado, sino a todos aquellos supuestos de obras de regulación o aprovechamientos hidroeléctricos que supongan la necesaria restitución del equilibrio socioeconómico de los municipios afectados, un requerimiento que responde a la reivindicación de los núcleos afectados por saltos hidroeléctricos de obtener una compensación equitativa por las evidentes afecciones que dichas instalaciones provocan en sus términos municipales.