El Pleno de las Cortes ha aprobado hoy una iniciativa con la que instan al Gobierno aragonés a que pida al central las concesiones de explotación de los saltos hidroeléctricos situados en la comunidad como resultado del plan de reversión.
PSOE, Podemos, el PAR y el Grupo Mixto ha votado a favor de esta iniciativa de la formación morada, en la que PP y Ciudadanos se han abstenido.
La intención expresada por el diputado de Podemos Román Sierra es que los beneficios de saltos hidroeléctricos situados en Aragón pasen a ser de titularidad pública para poder ser utilizados bajo criterios de vertebración territorial, económica y social.
En la iniciativa también se pide que se realice una estrategia coordinada con los territorios, y especialmente con los municipios afectados por las infraestructuras hidroeléctricas.
También se pide al Gobierno que presente en las Cortes un informe jurídico sobre la viabilidad de la reversión de los saltos hidroeléctricos que tienen una concesión de 50 años o más y previa a su fecha de finalización.
Estas medidas, según Sierra, son necesarias para los territorios donde se ubican estos saltos, "por dignidad y compensación", pero también para avanzar en un "nuevo modelo económico y energético".
Y es que, según ha añadido, han visto cómo la energía que se generaba con estas concesiones "pasaba por delante de sus casas y no les revertía de ninguna manera".
Por el PP, Ramón Celma ha vaticinado que no va a haber problemas con esta cuestión, puesto que está en tramitación en el Congreso una iniciativa al respecto sobre la que hay voluntad de llegar a acuerdos.
El socialista Enrique Pueyo ha coincidido en que las infraestructuras ya han sido amortizadas pero las afecciones que causaron "nunca han sido objeto de restitución", por lo que ha instado al PP a "ponerse de una vez en serio" con el tema y a pagar a los ayuntamientos y las comunidades por la ocupación de sus montes.
También Elena Allué, del PAR, ha considerado que los beneficios de estos saltos ya tienen que ser para Aragón y deben destinarse a la restitución de los territorios, algo que Patricia Luquin, de IU, ha considerado que es de "justicia social".
Sin embargo, Luquin ha estimado que el PP "no tiene ningún tipo de interés" en trabajar en este asunto, pero sí en mantener un sistema que proporciona "ingentes cantidades de beneficios a sus amiguetes" de las eléctricas.
