Las choperas forman parte del paisaje del valle del Ebro y de otros ríos de su cuenca. Sus árboles se agrupan, alineados y equidistantes, junto a las orillas, pegados al agua. Estos bosques de ribera, plantados por la mano del hombre, poseen un gran valor ecológico y económico, lo que los hace doblemente útiles.

El problema es que, desde que empezó el siglo, la extensión dedicada a su cultivo no ha cesado de disminuir en Aragón, hasta quedarse en las 7.000 hectáreas actuales, de las que 4.000 se concentran en los ríos Ebro y Cinca.

La culpa de esta deforestación la tienen los impuestos, según ha denunciado la Asociación de Populicultores de Aragón. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) cobra desde 1999 un canon de 155 euros al año por hectárea a los propietarios de las choperas que se hallan en dominio público hidráulico.

Hasta que acabó el pasado siglo, esta tasa revestía otra forma. La CHE cobraba un 5% del valor que alcanzaba la madera extraída, medida en metros cúbicos. Y ahora los cultivadores proponen al organismo de cuenca volver a ese método, por considerarlo «más justo y mucho menos gravoso», en palabras de Luis Pablo Latorre, presidente de la asociación de populicultores aragonesa.

TALAS Y PRODUCTIVIDAD // «Desde que se empezó a cobrar por hectárea, se han ido talando muchos chopos y no se ha repoblado, con lo que en cuestión de 17 años la superficie dedicada a este árbol se ha reducido en un 20% en todo el territorio», afirma Latorre.

Los populicultores de toda la ribera del Ebro mantienen negociaciones con la CHE, a la que reprochan que es la única confederación hidrográfica española que cobra por número de hectáreas, independientemente de su productividad, dado que normalmente las talas de las choperas se realizan, por lo general, cada 12 o 15 años.

En la CHE señalan que la política impositiva sobre el chopo se rige por lo fijado en el artículo 112 de la Ley de Aguas, que regula los aprovechamientos agrícolas. De hecho, las choperas tienen consideración de plantaciones productivas.

«Esa forma de ver las cosas ha convertido a la Confederación Hidrográfica del Ebro en el mayor agente deforestador en lo que al chopo se refiere», subraya Latorre, que denuncia que el «afán recaudador» del organismo de cuenca ha traído consigo «una caída en picado de la rentabilidad de las choperas».

Además, la Asociación Forestal de Populicultores de Aragón ve mal que se cobre «un alquiler» por unos terrenos que son de propiedad privada, pese a hallarse en dominio público hidráulico.

Al gravar la ocupación y no el uso, como se hizo hasta 1999, los propietarios aragoneses de fincas situadas junto a ríos están cambiando de cultivo. Ahora prefieren sembrar forraje o cereal, en lugar de chopos, porque de esa forma evitan el pago del canon anual por hectárea, dado que estas variedades no están gravadas.

VALOR ECOLÓGICO // «Es un agravio comparativo incomprensible que el chopo pague un canon por ocupación y otros cultivos no lo hagan», señala Latorre, que confía en que el diálogo abierto con la CHE resulte fructífero. Pero, independientemente de la vía negociadora, en la que intervienen también el Ministerio de Medio Ambiente y la industria maderista, algunos populicultores han optado por recurrir a los tribunales para defender sus derechos.

«Los cultivadores hemos llevado siete casos a la jurisdicción contencioso-administrativa y hemos ganado seis y perdido solo uno», explica Latorre, que precisa que, pese a estos éxitos, todavía no se ha pronunciado el Tribunal Supremo por lo que no aún no existe una jurisprudencia clara sobre la materia.

Si los chopos retroceden en las riberas de los ríos, apunta, «todos perdemos, pues desempeñan un papel ecológico fundamental como fijadores del CO2».