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POLÍTICAS PÚBLICAS

Aragón pone en marcha una comisión para evaluar las políticas públicas

Fuentes del Gobierno de Aragón informan de que el principal cometido que tiene encomendado este órgano colegiado es la coordinación en evaluación y calidad

 

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha presidido hoy la constitución de la Comisión para la Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios. - JAIME GALINDO

EFE
31/01/2018

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha presidido hoy la constitución de la Comisión para la Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios.

Fuentes del Gobierno de Aragón informan de que el principal cometido que tiene encomendado este órgano colegiado es la coordinación en evaluación y calidad.

Para ello, tendrá que emitir valoraciones sobre las intervenciones públicas, rendir cuentas sobre la calidad de los servicios, proporcionar criterios e instrumentos para la sostenibilidad de los servicios públicos y fomentar el conocimiento y el compromiso de las personas que trabajan en la Administración con los principios de ética, integridad y rendición de cuentas.

Se trata de un órgano de coordinación que estará presidido por el consejero de Hacienda y Administración Pública e integrado por once personas en representación de los Departamentos de la Administración.

Las actividades previstas para el presente ejercicio se centran en la emisión del informe de seguimiento de las actuaciones del Plan general de mejora de la calidad de los servicios públicos, la publicación del informe anual sobre la calidad de los servicios públicos, la elaboración de pautas de evaluación de las políticas públicas del Gobierno de Aragón, así como el impulso y fomento de la formación en evaluación de las personas que trabajan en la Administración.

Esta comisión se suma a los instrumentos que el Gobierno ha desarrollado ya para fomentar altos estándares de conducta en la Administración Pública y entre los que destacan la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana y la Ley de Integridad y Ética Públicas.

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