Los 80 agentes pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial (UIP) con los que cuenta la Jefatura Superior de Policía de Aragón se encuentran desplegados en Cataluña desde hace una semana. Un nuevo destino con el que el Ministerio del Interior quiere reforzar las ciudades catalanas tras los disturbios acaecidos como consecuencia de la sentencia condenatoria del procès. Ninguno de ellos resultó herido durante los ataques de independentistas y antisistemas de la semana pasada.

De esta manera, la comunidad autónoma se ha vaciado de agentes especializados en antidisturbios. Una situación que, tal y como admitió ayer el jefe superior de Policía en Aragón, Juan Carlos Hernández, puede alargarse sine die. A ello se van a sumar, a partir del próximo 25 de octubre, una veintena de agentes pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), cuyos miembros están preparados para hacer frente a grandes masas, aunque no con la gravedad de sus compañeros de la UIP.

Unos miembros del Cuerpo Nacional de Policía que ayer sintieron el apoyo de sus compañeros desde la lejanía. Los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP, convocaron una concentración en las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Aragón para ensalzar su labor. A ella se unieron unas 200 personas, entre funcionarios policiales y representantes políticos del PP, Cs y Vox. El alcalde y vicealcaldesa de Zaragoza, Jorge Azcón y Sara Fernández, también estuvieron presentes.

Los portavoces de los sindicatos policiales, Inmaculada Fuster (SUP), César Lambea (CEP) y Rubén Tierra (UFP), incidieron en la importancia de «dar fuerza» a los agentes que han sido destinados ahora. También reclamaron al Gobierno de Pedro Sánchez que adopte «medidas contundentes» y «más medios» ante los incidentes de Barcelona, porque no se puede permitir que los agentes se quedan «medio tirados» en las calles en medio de unos «auténticos delincuentes y pseudoterroristas».