El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha mostrado su rechazo al polémico pin parental aprobado en la Región de Murcia al considerar que «vulnera el derecho a la educación integral del alumnado». La medida, defendida por Vox, permite a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas en el currículo como pueden ser charlas sobre educación sexual.
En este sentido, fuentes de la consejería que dirige Felipe Faci precisaron que «el veto» no se hace sobre las actividades extraescolares, que son voluntarias, sino que se refiere a las complementarias y contenidos curriculares que forman parte del periodo lectivo. «Estas son decididas por los centros y los docentes, a los que se ataca en su profesionalidad, invadiendo competencias que son del centro educativo, como la ley así lo establece», apuntaron desde Educación. «Permitir un pin parental puede suponer, por ejemplo, que a un alumno no se le permitan ver unos cuadros o unas esculturas determinadas en una visita a un museo con su centro o que unos padres homófobos pudieran impedir que se fomente el principio constitucional de la tolerancia», señalaron.
En el lado de las familias, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar) apuntaron que «la controversia» aprobada en Murcia «no puede tener recorrido desde el momento en que los contenidos curriculares no están sujetos a la voluntad familiar para ser recibidos o no», dijeron.
«Estos están regulados y tienen que estar al servicio de la formación integral del alumnado. De la misma manera que no se puede objetar a la clase de matemáticas o de inglés, no se puede objetar a recibir formación en el desarrollo emocional, seguridad vial, reciclaje, convivencia, educación sexual o diversidad de todo tipo», precisaron desde Fapar.
Por su parte, desde la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón (Fecaparagón), su presidenta, Conchita Martínez, señaló a este diario que quieren mantenerse «al margen de debates políticos», pero dijo que ven «con buenos ojos» que se enseñen en los centros «todos los valores de respeto y libertad». «Es bueno que se trabaje en los centros sobre el alcohol o las drogas. No lo rechazamos, hay que darle normalidad», dijo Ibáñez. En cualquier caso, «cuando los padres eligen a qué centro llevar a sus hijos ya saben qué estilo de enseñanza se da y qué actividades hay. No hay que darle más vueltas al debate», precisó.
DIRECTORES EN CONTRA
Desde el apartado docente, Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Zaragoza (Adizar), consideró que la inciativa de Vox en Murcia es «absurda» porque «frena el desarrollo integral del espíritu crítico» del estudiante.
«Nosotros decidimos, dentro de nuestro proyecto de centro, lo que curricularmente deben aprender los alumnos. Les damos competencias para que sean críticos y formen su personalidad necesaria en la vida, no solo en el aula. Si algún colectivo quiere opinar que lo haga, pero no se puede permitir una injerencia en el trabajo docente», apuntó Bajén. «Tendríamos que consultar entonces sobre lecturas, autores o las teorías que se estudian. ¿Dónde ponemos el límite», se preguntó.
Por último, fuentes de Vox en Aragón recordaron que el pasado mes de octubre el grupo parlamentario ya presentó en las Cortes una proposición no de ley donde, sin llevar la nomenclautra de pin parental, ya defendían esta medida. «Los menores deben quedar libres de las injerencias del Estado a la hora de adoctrinarlos o transmitirles ideologías o formaciones controvertidas de ámbito moral, sexual o ético», recordaron. «Las familias deben tener garantizado su derecho a elegir en libertad la educación de sus hijos y ese es un derecho que un Estado no puede negar ni manipular», indicaron.
