La reforma de la financiación autonómica no será un trámite sencillo para el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Por el momento, el informe del comité de expertos que han estudiado un nuevo modelo ha sido recibido con enorme escepticismo por aquellos territorios que perderán parte de sus aportes actuales, como ese es el caso de Aragón. Por este motivo, el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, pidió al ministro Cristóbal Montoro que si finalmente salen adelante los cambios «ninguna comunidad pierda el volumen de recursos de los que disponen en la actualidad». El riesgo, si eso ocurriera, sería «llevar a cabo nuevos recortes en los servicios públicos».

El consejero Gimeno, que participó ayer en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que reunió a todas las autonomías con el Gobierno, también puso la mesa la falta de consenso que pende sobre la propuesta del Ejecutivo. Aragón forma parte del grupo de nueve autonomías que votaron en contra de la propuesta de los sabios, junto a las otras seis gobernadas por el PSOE, más Cataluña y Cantabria.

Consciente del revuelo que han provocado algunas de las conclusiones presentadas el miércoles, en la cita de ayer ese punto del orden del día apenas estaba contemplado. Sin embargo, se coló con amplitud en la última sección de ruegos y preguntas, Según señaló Gimeno, tanto el Gobierno como las comunidades coincidieron en que, una vez hecho el citado informe, la reforma debe «tirar hacia adelante».

tramitación compleja / El texto caerá ahora en manos de la comisión técnica del consejo -que congrega a técnicos de los departamentos de Hacienda del Ejecutivo y de los gobiernos regionales- de tal manera que en septiembre comenzarán los debates y el intercambio de propuestas e información.

Con la mirada puesta en noviembre, esa comisión técnica ultimará su documento, ya con propuestas muy concretas. «Esto hay que hacerlo lo antes posible», dijo el consejero aragonés.

Por ello, incidió en que todo lo que se debata en el seno del consejo, en los planos técnico y político, tendrá que traducirse en un proyecto de ley orgánica que remitir al Congreso de los Diputados y aprobarse allí, lo que exige un trabajo previo de consenso parlamentario. En este punto, la falta de mayoría del Ejecutivo podría suponer un problema que bloqueara su trámite, según insinuó Gimeno.

Este, durante la reunión, además de aludir al voto particular de Aragón en el citado informe, recordó que la comunidad no está bien financiada en la actualidad. Por ese motivo, planteó que para facilitar que la reforma pueda salir adelante será necesario mantener «el statu quo de cada una de las autonomías». Según la propuesta aragonesa en el documento final ninguna de ellas deberá sufrir «un descenso del volumen de recursos».

deuda pública/ Por otro lado, el Gobierno pudo sacar adelante los objetivos individualizados de estabilidad presupuestaria únicamente con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PP y Canarias y con la oposición del resto, incluida Extremadura, que hace veinte días se abstuvo, en contra del criterio de la dirección del PSOE. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, detalló que ahora han quedado establecidos en el -0,4% para el 2018, el -0,1% para el 2019 y del 0,0% para el 2020. También se fijaron los objetivos de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas que serán del 24,1% para el 2018.