El Gobierno aragonés reclamará que la nueva factura energética sea clara y operativa para los consumidores, así como la activación de una campaña que permita proporcionar a los usuarios información precisa sobre el nuevo sistema de tarificación.
Así lo ha asegurado hoy el director general de Consumo del Ejecutivo autónomo, Sergio Larraga, antes de participar en Huesca en una jornada organizada para informar a las organizaciones de consumidores de la situación generada por las cláusulas suelo a raíz de las resoluciones judiciales surgidas en torno a este tema.
En declaraciones a los medios de comunicación, Larraga ha explicado que defenderá esta posición respecto a la factura energética en la Comisión Sectorial del Consumo, que reunirá mañana en Madrid a los directores generales de esta área para hablar de diversos temas.
El director general, tras señalar que el nuevo sistema de tarifas será una de los principales cuestiones a debatir en la reunión, ha valorado la decisión del Ejecutivo de aplazar dos meses la entrada en vigor de las nuevas facturas ya que, a su juicio, era una opción "totalmente inviable".
Ha considerado necesario la puesta en marcha de una campaña durante los dos meses de aplazamiento acordados que permita informar a los ciudadanos del nuevo sistema ya que, a su juicio, de otro modo el número de reclamaciones de los usuarios en relación a las nuevas facturas "crecerá de manera sustancial".
El responsable de Consumo en Aragón ha admitido que la factura de la electricidad "es muy difícil de entender desde siempre ya que tantísima información abruma al consumidor y al final hace que se pierda".
Ha comentado que hace dos años su departamento instó al Gobierno a elaborar un modelo de factura energética "más simple", porque el usuario "lo que quiere saber en definitiva es la cantidad que ha consumido, la tarifa que se le va a aplicar y lo que se le cobrará con impuestos incluidos".
En su opinión, los continuos cambios que se han producido en el sistema de tarificación del consumo de energía ha generado una situación de "inseguridad jurídica" para el usuario que le aboca a la confusión.
