El Gobierno de Aragón ha decidido hoy interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la Ley estatal de Contratos del Sector Público, de noviembre de 2017, por apreciar "vicios de inconstitucionalidad" en 101 preceptos de la norma y después de que no se hayan podido dirimir las diferencias en el grupo de trabajo entre Aragón y el Estado creado al efecto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha explicado que el 29 de diciembre de 2017, el Ejecutivo autonómico ofreció al Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales la activación del mecanismo de cooperación para dirimir las diferencias sobre esta y el 30 de enero de 2018 la Comisión Bilateral de Cooperación acordó iniciar las negociaciones y designar un grupo de trabajo para resolver las discrepancias.

El pasado 18 de mayo se reunió de nuevo este órgano sin que fuese posible convenir una propuesta conjunta que permitiese adoptar un acuerdo en orden a evitar el recurso de inconstitucionalidad.

La Secretaría General Técnica (SGT) de la Presidencia agrupa en cinco bloques los preceptos a impugnar: el primero por alterar el sistema constitucional de distribución de competencias, el segundo por la naturaleza no básica de prescripciones de detalle o procedimiento, el tercero por considerar no admisibles las normas supletorias establecidas en la ley estatal, el cuarto por la vulneración de la potestad de auto-organización de la Comunidad Autónoma y por último otros preceptos que vulneran el concepto material de bases.