El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado hoy que el Ejecutivo recurrirá al Tribunal Constitucional en el caso de que la futura ley de demarcación y planta judicial invada las competencias aragonesas y vulnere el Estatuto de Autonomía.
Bermúdez de Castro ha sido tajante al asegurar, en el Pleno de las Cortes de Aragón, que la obligación del Ejecutivo del que forma parte es defender los intereses de la comunidad, y que si la futura ley "cruza alguna línea" de las fijadas en el Estatuto de Autonomía, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional "sin ningún problema".
El consejero ha respondido a dos interpelaciones, formuladas por CHA y PSOE, sobre las reformas de la Administración de Justicia que afectarían a la organización territorial de ésta en Aragón y sobre la organización de los medios materiales y humanos.
Ha recordado que el Gobierno de Aragón nunca se mostró a favor de la propuesta inicial de la ley de eliminar las partidas judiciales de aquellas poblaciones que no cumplieran alguno de estos tres requisitos: atender a una población igual o mayor a 100.000 personas, tener una carga de trabajo "significativamente relevante" o estar a 80 kilómetros o a más de una hora de una capital de provincia.
Con estas condiciones, ocho o nueve de las trece sedes judiciales que hay en Aragón tendrían que ser cerradas, pero el Ministerio de Justicia ha echado marcha atrás, gracias en parte porque ha atendido los requerimientos de Aragón, y ha incrementado hasta nueve el número de excepciones.
Ahora, teniendo en cuenta estas excepciones, Bermúdez de Castro ha dicho que está en condiciones de asegurar que ninguna de las trece sedes judiciales de Aragón va a ser desmantelada.
El primer anteproyecto de ley de demarcación y planta, ha agregado el consejero, estaba hecho "por gente de Madrid para Madrid", pero ahora las comunidades autónomas con problemas parecidos se han unido y se ha conseguido un cambio.
También se ha referido a la necesidad de profesionalizar los juzgados de paz que, no obstante, van a seguir prestando servicios como registro civil, como oficinas de embargos o como puntos de notificación.
Y ha recordado que el Gobierno de Aragón interpuso un recurso al Constitucional relacionado con el cobro de tasas y ha apuntado que aunque cuando se promulgó la ley de tasas se dijo que parte de éstas iban a ir a parar a las comunidades, Aragón "no ha visto ni un céntimo".
Por parte de los interpelantes, José Luis Soro, de CHA, ha reconocido que la gestión de la administración de justicia es "muy compleja" de gestionar porque en ella confluyen dos administraciones, y ha lamentado que la Ley Orgánica del Poder Judicial recientemente aprobada por el Gobierno central suponga una "estrategia de desmantelamiento" del servicio público de justicia.
El socialista Carlos Tomás ha estimado que es necesario actualizar la ley de demarcación y planta judicial, pero "con el máximo consenso y con criterios diferenciados en función de los territorios".
