Los expedientes de regulación de empleo —más conocidos como ERE— no vinculados a la legislación especial por la crisis del coronavirus empiezan a repuntar. En agosto se presentaron en el Gobierno de Aragón cuatro procedimientos de este tipo que afectan a 46 trabajadores. En lo que va de año, se han tramitado un total de nueve despidos colectivos con 148 trabajadores afectados (40 mujeres y 108 hombres), según los datos facilitados por la Dirección General de Trabajo del Ejecutivo autonómico.

Las cifras son muy inferiores a las del año pasado debido a que las empresa están recurriendo preferentemente a los ERTE del covid para regular sus plantillas, ya que son que son más ventajosos. Esto ha permitido taponar la sangría de empleo que ha provocando la pandemia y aminorar el uso de la variante más traumática de este procedimiento administrativo, la del despido colectivo. No obstante, los sindicatos y organizaciones empresariales temen que la situación se desmande en otoño con una oleada de quiebras y cierres de negocios, algo que dependerá en gran medida de si se vuelven a prorrogar los suspensiones de empleo.

En todo el año 2019 hubo 32 expedientes de extinción en la comunidad que afectaron a 849 trabajadores, un 45% más que en el 2018 (584) y el peor dato de los últimos cuatro ejercicios, desde el 2014. Por ámbito territorial, 23 fueron en Zaragoza para 586 empleados, cuatro en Teruel para 85, dos en Huesca para 37 y tres a nivel autonómico con 141 despidos.

PREJUBILACIONES EN SAMCA

De los cuatro ERE presentados el pasado agosto, solo uno supuso la extinción de toda la plantilla. Se trata del presentado por Samca para llevar a cabo la prejubilación de los últimos 15 trabajadores de la mina de Ariño, que cesó su actividad extractiva a principios del 2019. Estos empleados irán saliendo de la empresa minera de aquí a finales del 2021, cuando está previsto que finalicen las labores de restauración de la explotación de carbón, según explicaron fuentes sindicales.

Este ajuste, por tanto, no tiene tintes traumáticos para los afectados y se rige por condiciones pactadas en el plan del carbón 2019-2027 por los sindicatos y la patronal del sector y el Ministerio para la Transición Ecológica. Otra docena de empleados han sido recolocados en la explotación de arcilla que el grupo de la familia Luengo tiene en la localidad turolense de Gargallo, abandonando así el régimen laboral del carbón para pasar a regirse por el convenio de la cerámica.

Otra de las empresas que ha recurrido a un ERE de extinción el pasado mes es Oion Business Support, que trabaja en exclusiva para Arriaga Asociados y plantea despedir a 20 de sus 140 trabajadores. Las otros dos expedientes presentados en el octavo mes del año afectan a cuatro y siete empleados.

Desde que se declaró el estado de alarma, la DGA ha tramitado otros 8 de expedientes de extinción pero estos bajo la normativa del covid-19, lo que eleva a 17 el número de despidos colectivos. Otros 143 trabajadores han perdido su empleo en Aragón hasta mayo por un ERE extintivo de ámbito nacional, los cuales se tramitan en la Dirección General de Trabajo del Gobierno centra.