Aragón renueva su ley de montes para facilitar los trámites y la actividad económica

Todo ello de forma compatible con la protección del medio ambiente.

El texto ha contado con el apoyo del PP y el PAR, el rechazo de CHA e IU y la abstención del PSOE en su mayor parte en una sesión que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo del diputado popular Joaquín Salvo, fallecido el pasado 25 de mayo.

El coordinador de la ponencia que ha estudiado la ley, el diputado del PP José Manuel Cruz, tras explicar que de las 117 enmiendas parciales presentadas (41 de CHA, 33 de IU y otras tantas del PSOE y 5, respectivamente, del PP y del PAR) se han aprobado 18, ha hecho hincapié en que el fin de la reforma es avanzar por una vía más eficaz y eficiente en la protección, gestión y aprovechamiento de los montes en Aragón.

Sin embargo, el diputado de CHA Joaquín Palacín ha incidido en que su grupo no está de acuerdo en "casi nada" con el texto, ya que en su opinión se pretende privatizar el monte y reducir, y en ocasiones casi eliminar, el control público y, por tanto, la protección del medio natural.

Además, ha cuestionado que se "venda" la ley como creadora de empleo, cuando no se han aceptado las enmiendas en pos de la profesionalización de las cuadrillas forestales, para su contratación todo el año.

Por su parte, Miguel Aso, de IU -que presentó una enmienda a la totalidad- ha criticado el perfil liberal con el que sale la ley, con un menor control público sobre los montes, primando su uso como "negocio" en lugar de fomentar la sostenibilidad de un recurso que no se puede sobreexplotar, y ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de consolidar las plantillas de Sarga, garantizándolo por ley.

Ramón Laplana, del PSOE, ha admitido la necesidad de reformar la ley para adaptarla a los tiempos y a las necesidades de la sociedad, de forma compatible con la defensa del medio natural, pero su grupo, ha agregado, apuesta por una norma más racional, apegada al territorio y con más participación de sus habitantes y ayuntamientos, a lo que se deja poco margen de maniobra.

En ese sentido, ha avanzado que cuando los socialistas lleguen al Gobierno plantearán un giro "más social" y participativo de la norma, compatibilizando lo privado con el control público.

Por su parte, el diputado del PAR Joaquín Peribáñez ha insistido en que el objetivo de la ley es cuidar los montes, mejorar el medio ambiente y tratar de prevenir los incendios forestales.

Las principales modificaciones introducidas en la ley pasan por una revisión de la definición legal de montes y, en relación con los proyectos de ordenación forestal y los planes técnicos, se amplía a quince años el plazo en que ha de afrontarse su revisión, así como la de los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales.

De este modo se rentabiliza durante mayor tiempo la inversión realizada para la aprobación de los mismos, desapareciendo con ello el trámite de autorización de los aprovechamientos de los montes privados que se ajusten al plan durante todo ese periodo.

Así, se simplifican algunos procedimientos administrativos como los relativos a la circulación con vehículos a motor en montes catalogados, las modificaciones sustanciales de la cubierta vegetal, los aprovechamientos de leñas y de choperas en montes privados y las repoblaciones forestales en fincas privadas.

La autorización administrativa exigida hasta ahora se sustituye por una comunicación previa por parte de los interesados a la administración en determinados supuestos de actuaciones en montes públicos no catalogados y privados.

En cuanto a los cambios relativos a las medidas de lucha contra los incendios forestales se articulan distintos instrumentos, como la modificación en la organización para la prevención y extinción, basada en la especialización y reparto de funciones bajo un único mando, y destacando la participación de las Administraciones locales en el protocolo de emergencias por incendios forestales.