El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ya está valorando la convocatoria de subvenciones, por un valor de 8,874 millones de euros, para financiar programas de interés social con cargo al 0,7% del IRPF. Es la segunda vez que la comunidad autónoma gestiona directamente estas ayudas, que se corresponden con la recaudación de la casilla de fines sociales de la declaración de la Renta. Un total de 180 entidades aragonesas han solicitado las subvenciones en esta edición, un 12% más que el pasado año, cuando concurrieron 161 asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucho.
La consejera aragonesa de este área, María Victoria Broto, destacó ayer la «rapidez» y el «rigor» con que la DGA gestiona estas ayudas desde que se puso en marcha el modelo de doble tramo, por el cual el Estado gestiona el 20% de los fondos y las comunidades autónomas el 80%. En el 2017, destacó, Aragón fue «la primera comunidad que resolvió» la convocatoria, que contó con el mismo importe que este año. Entonces recibieron subvención 101 entidades -el 63% del total de solicitantes-, que impulsaron 296 proyectos.
Broto resaltó asimismo que gracias al cambio en el sistema de reparto y la mayor «proximidad» de la Administración autonómica, el programa llega ahora a más colectivos. Así, en el 2016, cuando era gestionado todavía por el Estado, optaron a las ayudas 101 fundaciones y asociaciones de la comunidad.
La consejera hizo estas reflexiones con motivo de la presentación en la Cámara de Comercio de Zaragoza del informe Radiografía del Tercer Sector Social en España, oportunidades en un entorno cambiante, elaborado por la Fundación PWC. Según el estudio, esta actividad emplea a más de dos millones de personas en España entre voluntarios y trabajadores y tiene una financiación de 10.500 millones de euros, el 62% proviene del ámbito público y el 38% restante del privado.
20.000 empleos / Aunque el informe de la consultora no recoge datos regionales, el presidente de la Fundación PWC, Jesús Díaz de la Hoz, destacó que el peso del tercer sector social en Aragón se sitúa «en el nivel superior» dentro del contexto nacional, solo por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía y País Vasco. La consejera Broto, por su parte, aseguró que la economía social sostiene unos 20.000 empleos en la comunidad, donde representa el 3,5% de su PIB.
De la Hoz aseguró que la recuperación de la financiación del tercer sector social no se alcanzará «en términos reales» hasta el 2020 respecto a la situación que había antes de la crisis económica, cuando «las necesidades han incrementado». Esta situación, apuntó, «nos preocupa» porque «la necesidad de ayuda social se han incrementado». En estos momentos, precisó, hay 12,8 millones de personas en España se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social.
