El Gobierno aragonés velará para que tanto los medios públicos como los privados de la Comunidad transmitan una imagen "igualitaria, plural y no estereotipada de hombres y mujer y suspenderá las ayudas a quienes difundan publicidad que incite a la prostitución o a la violencia.

Así queda establecido en la Ley de Igualdad aprobada de forma genérica esta semana por unanimidad en las Cortes de Aragón, aunque con la oposición puntual de PP, PAR y Ciudadanos a algunos de los artículos referidos a la educación y al uso del lenguaje.

En su capítulo ocho, a partir del artículo 81, el texto legal plantea medidas para promover "códigos de buenas prácticas" en los medios de comunicación públicos y privados, y velar "para que no se emitan espacios o publicidad sexista discriminatoria, vejatoria o que justifique, banalice o incite a la violencia de género".

Sobre los medios de titularidad pública, la ley prevé el desarrollo de campañas institucionales a favor de la igualdad y de sensibilización contra la violencia de género y el acoso legal, pero también defiende una "participación equilibrada" entre mujeres y hombres en órganos de administración, representación y consulta.

Se plantea la elaboración de un Plan de Igualdad específico para la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y de todas sus empresas colaboradoras que prevea la formación y promoción de mujeres a puestos de "responsabilidad directiva y profesional".

Respecto a los medios de titularidad privada, la ley establece que el Gobierno aragonés impulsará la adopción de acuerdos de "autorregulación" que contribuyan al cumplimiento de las normas en materia de igualdad, "incluyendo las actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen".

Advierte el texto legal que se considerará ilícita la publicidad que presente a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, como "mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocional", y se prohibirá la emisión o edición en medios públicos de publicidad que fomente o induzca a la institución.

El régimen de sanciones establece que las sanciones graves serán castigadas con multas de 3.001 a 30.000 euros, así como con "la prohibición de acceso a cualesquiera de tipos de ayudas públicas de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Argón por un período de tres años".