L a aprobación en el Consejo de Ministros del plan fluvial de las cuencas internas de Cataluña volvió a levantar ampollas entre varios partidos aragoneses y el Gobierno de Aragón, que ya anunció que hará todo lo posible para tumbar un plan que, a juicio del Ejecutivo autonómico, y partidos como PSOE, CHA y PAR, abren la puerta al trasvase del Ebro. Un hecho que volvió a ser desmentido rotundamente por el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.

«Este plan no incluye en ningún caso trasvase y garantiza que ni una gota del Ebro quede afectada», indicó el portavoz para tratar de calmar los ánimos en la política aragonesa. Además, añadió que el plan hidrológico ha sido elaborado por la comunidad autónoma y que fue aprobado tras obtener un informe favorable del Consejo Nacional del Agua, en el marco de la aprobación de los planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación (2015- 2021), que el Estado ha completado con la aprobación de este.

En cualquier caso, la aprobación de este plan no contó con el voto positivo de Aragón, que se opuso en ese consejo. Asimismo, el Ejecutivo autonómico considera que se le debería haber solicitado un informe preceptivo, tal y como marca el Estatuto. Desde Medio Ambiente se indica que se cumple con la legalidad y si no se ha solicitado ningún informe a Aragón es por la certeza de que no hay ningún trasvase en ciernes. En ninguna línea del documento.

IMPUGNACIÓN / El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad aragonés, Joaquín Olona, tuvo otro punto de vista. Justificó sus argumentos aludiendo a que el plan catalán «plantea cubrir el déficit estructural de agua con aportaciones externas, haciendo referencia expresa al Plan Hidrológico Nacional», que es donde se puede aprobar un trasvase.

Por este motivo, anunció que Aragón impugnará el plan porque así lo mandata el Estatuto de Autonomía.

Según el consejero, el Ejecutivo autonómico no tiene más información sobre el plan que la que ayer le proporcionó la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, al presidente de la comunidad, Javier Lambán, en una conversación telefónica en la que le informó de este trámite. De hecho, la ministra también comunicó hace unas semanas al presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, que no existe ningún trasvase implícito en el plan fluvial catalán

La posición política del Gobierno aragonés, aseguró Olona, está «perfectamente fijada» y pasa por el rechazo de cualquier posibilidad de trasvase en cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

El consejero reconoció que el plan no incluye expresamente un trasvase, algo que no puede hacer «de ninguna manera» porque «sería una ilegalidad», sí que prepara el terreno para una posible transferencia de aguas.

Más allá fue el portavoz parlamentario del PSOE, Javier Sada, quien tras anunciar todas las medidas legales posibles, avanzó que ya se están «haciendo obras» para el hipotético trasvase. En el PSOE de Aragón están «preocupados» por que el presidente del Gobierno «avale» este plan y «mire para otro lado», y por eso afirmó que desde Aragón van a hacer «todo lo posible» por parar el trasvase.

la posición de chunta / La secretaria general de CHA, Carmen Martínez, lamentó ayer la aprobación del plan, que prevé «un potencial peligro de que se ejecute un trasvase del Ebro. «Se reconoce formal y legalmente el déficit de las cuencas, ¿cómo lo van a solucionar si los propios planes del Gobierno de Cataluña hablan de la necesidad de abastecer el área metropolitana de Barcelona con agua de la Cuenca del Ebro?», se pregunta la también diputada. CHA no confía, aseguró, en un Gobierno, el de Rajoy, «que practica criterios políticos distintos según sea el territorio, según sean sus intereses».