Aragón sigue sin borrar los vestigios de la dictadura franquista en los espacios públicos según marca la ley de memoria histórica aprobada en el 2007. El abogado Eduardo Ranz quiere acabar con esta situación y ha elevado un informe en el que se detallan 22 incumplimietos en la comunidad al Consejo Consultivo.
Su intención es que, solicitando un dictamen sobre la exaltación de guerra civil en los municipios, puedan detallarse acciones concretas para su eliminación. «Además de calles y avenidas, el tiempo ha demostrado que el problema en la simbología también se extiende a honores y distinciones de ministros franquistas, nombres de pueblos dedicados al dictador o a generales golpistas, así como de enterramientos en basílicas de genocidas», indicó Ranz. En todo el Estado ha detectado más de 300, de los que también ha informado a sus respectivos órganos.
Entre los incumplimientos evidenciados en Aragón destacan algunos como el mural cerámico que en un edificio del centro de Zaragoza todavía muestra un «Viva España» junto a la fecha 3 de mayo de 1937, el yugo y las flechas y la silueta de un proyectil explosivo.
En la capital aragonesa está pendiente, además, una nueva denominación para calles como Arzobispo Doménech, Agustina Simón o 10 de agosto, por ser honores a personas o fechas con relación franquista.
La lista detalla incumplimientos como el monumento de Siétamo, en el que se ensalzan a los caídos del bando nacional bajo los nombres de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Placas en las iglesias se señalan las de Adahuesca o la calle con el nombre de Franco que pervive en Lastanosa, una pedanía de Sariñena.
También menudean por las fachadas las placas de la antigua delegación nacional de Sindicatos con el escudo de Falange. Se encuentran habitualmente en edificios que eran destinados a vivienda social.
El abogado lamenta que ni en Madrid ni en Melilla se puedan tomar medidas «puesto que ambas carecen de consejo consultivo». Por ese motivo no habrá dictamen ni sobre el Valle de los Caídos, con las sepulturas de Franco y José Antonio, ni sobre la última estatua de Franco que se encuentra en la ciudad autónoma.
El Gobierno de Aragón, del que depende el Consejo Consultivo, destacó que en este momento se está tramitando en las Cortes una norma específica al respecto. Las previsiones esperan su debate y aprobación definitiva para diciembre. «Documentos como este serán siempre bien recibidos puesto que se trata de una labor de campo de una importancia evidente, que traslada información y pruebas para la posterior aplicación de la ley», indicaron desde el departamento de Presidencia.
La voluntad del Ejecutivo es aplicar sanciones cuando la norma entre en vigor «después de la correspondiente comprobación administrativa», señalaron.
