La economía aragonesa prosigue su proceso de recuperación, a pesar de las dificultades y los retrocesos que se han dado en algunas actividades y negocios como consecuencia de los rebrotes. Dos de cada tres empleados afectados por un ERTE en la comunidad se han reincorporado a sus puestos de trabajo cuando han pasado ya cinco meses desde que se declararse el estado de alarma por el coronavirus. Al cierre de julio (último dato disponible) seguían suspendidos 26.275 empleos, lo que supone un recorte del 37% (14.077 menos) respecto a junio, cuando había 40.352, según los últimos datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El descenso llega hasta el 65% si se compara con el mes de mayo, cuando se registró el punto álgido de la crisis laboral generada por el covid-19 al alcanzarse los 75.653 afectados por expedientes de regulación temporal de empleo.

La cifra a finales de abril era algo menor (60.966) a pesar de que entonces imperaba el confinamiento estricto. Eso se debe al colapso administrativo sufrido por los servicios públicos de empleo, que no daban a basto para atender el alud de los ERTE. El SEPE se vio desbordado por la elevada carga de trabajo, lo que demoró el reconocimiento de prestaciones para cabreo de muchos. Aunque la situación se resolvió, los sindicatos tienen constancia de casos puntuales de trabajadores que siguen sin cobrar el paro varios meses después de iniciarse el expediente de su empresa.

PEOR COMPORTAMIENTO QUE EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA

Así las cosas, un tercio (el 35%) de los trabajadores aragoneses que vieron suspendidos sus contratos no han vuelto aún a la faena. Esta proporción es mayor a la que se da en el conjunto de España, donde continúan en un ERTE una cuarta parte (el 25%) de los afectados: 959.000 de los 3,4 millones de empleados que llegaron a estar en estos procesos.

Este diferencial podría deberse al peor comportamiento que ha tenido la economía argonesa por la mayor incidencia del virus en este territorio durante este verano. Los rebrotes surgidos en las comarcas orientales y en la ciudad de Zaragoza han frenado el levantamiento de las suspensiones de empleo, sobre todo en los sectores de la hostelería, el ocio y el turismo, donde ha surgido además una nueva oleada de ERTEs por las restricciones aplicadas estas actividades. Prueba de ello es que el SEPE tramitó en julio unas 6.000 nuevas altas de afectados por expedientes de tipo covid.

Un total de 137.187 trabajadores aragoneses se han visto inmersos en algún momento --algunos varios días o semanas otros más de cuatro meses-- en un ERTE (117.112 en suspensiones totales de empleo y 20.075 en reducciones de jornada) desde que estalló la pandemia y el Gobierno fijó una legislación laboral específica para que las empresas regularan sus plantillas sin hacer despidos.

El coste de estos ajustes para las arcas del Estado ha sido ingente. Solo en Aragón, el SEPE ha pagado 380 millones de euros en los tres primeros meses completos de pandemia. Faltan por computar los datos de julio y agosto. El grueso del gasto corresponde a los expedientes por el covid-19. En abril la nómina del organismo en la comunidad se disparó hasta los 123,736 millones, un cifra récord que triplicó de la cuantía media que venía abonando (unos 40 millones). En mayo aún se elevó más el desembolso, hasta los 157,449 millones, y en junio bajó hasta los 99,080 millones.