Aragón ha reducido su sector público en 26 entidades desde el año 2010, un 163 por ciento de los compromisos iniciales, que eran eliminar 16 entes, según la información facilitada hoy por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
En total, las comunidades autónomas han reducido su sector público en 854 entidades desde el año 2010, un 168 por ciento de lo que se comprometieron (508 entes).
Así, cuando finalicen los procesos de reordenación, las entidades dependientes de las comunidades ascenderían a 1.505, un 38,12 por ciento menos que en el momento inicial del cómputo de la reducción, el 1 de julio del 2010.
De esas 854 entidades, 187 han cesado en sus actividades, se han extinguido con posterioridad a ese 1 de julio de 2016 o están en fase muy próxima a la extinción.
El informe sobre reordenación del sector público autonómico analiza el grado de avance alcanzado por las administraciones autonómicas, en respuesta a los compromisos adquiridos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a cuyo pleno se vienen elevando periódicamente sus resultados.
Teniendo en cuenta que los compromisos iniciales de reducción de entes por parte de las autonomías eran 508, la cifra alcanzada ya representa un 168 por ciento de ejecución sobre lo previsto.
Los datos evidencian el "ambicioso" proceso de reestructuración acometido por las administraciones autonómicas, en línea tanto con los compromisos planteados en el seno del CPFF como, en su caso, en los planes de ajuste acordados entre Hacienda y cada comunidad para el acceso a los mecanismos de financiación habilitados.
Según Hacienda, la reducción total actualmente comprometida, de 927 entidades, supone que, tras la culminación del proceso, el sector público instrumental del conjunto de comunidades, (excluidos los entes del País Vasco, aquellos en los que participan varias autonomías y los dependientes de Ceuta y Melilla) estaría compuesto por 1.505 entidades, frente a los 2.432 entes del inicio.
El informe también incorpora el análisis anualizado de los importantes ahorros económicos asociados a estos procesos de reordenación y los efectos en relación a la evolución en el número de efectivos de personal.
Se evalúan igualmente los ahorros y la evolución de efectivos considerando tanto las entidades afectadas por estos procesos, básicamente consorcios, sociedades mercantiles, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro.
Las comunidades que tienen previsto una reducción de su sector público instrumental superior a la media (que es del 38,12 por ciento) son Castilla-La Mancha (63,41 %), Baleares (62,98 %) y Murcia (61,17 %).
