Entre los jueces, fiscales, y jueces de paz, a quienes la Constitución otorga fuero de aforados, los senadores y diputados en el Congreso, también amparados por la Carta Magna, y los diputados de las Cortes, consejeros del Gobierno autonómico y el Justicia de Aragón, protegidos por el Estatuto de Autonomía, Aragón cuenta con un millar de aforados, de los que apenas un 10% (98, 25 de ellos senadores y diputados nacionales) corresponden a la esfera política. Un extendido privilegio, o garantía, que los políticos parecen empeñados en eliminar, o cuando menos restringir.

La nueva política, y en los últimos meses sobre todo Ciudadanos, han recuperado en los últimos tiempos la insistencia por la reforma de esta figura de protección, sobre la cual existe la extendida idea de que es un privilegio. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, recordaba este viernes en las Cortes de Aragón que en el debate de la supresión o reforma de los aforamientos no hay «nada nuevo bajo el sol», y se lleva años hablando de ello. Tan cierto como que no se ha llegado a hacer nada al respecto. El Gobierno de Pedro Sánchez reavivó esta semana el asunto, que en su último capítulo quedó pendiente de lo que opine el Consejo de Estado; y en Aragón, expuso Lambán, de lo que suceda con la Constitución.

El presidente rehuía de la «demagogia» que conduce a pensar que el aforamiento supone «impunidad». Ciertamente no es así. Aunque casos como el del presidente del PP, Pablo Casado, puedan abonar la teoría, el hecho es que el análisis previo de la Fiscalía del Supremo de si hay indicios de delito o no en un caso lo haría también en un tribunal ordinario.

Lo único que conlleva el aforamiento es que el juicio se eleve a un tribunal de mayor rango; al Supremo, en el caso de diputados o senadores, o al Tribunal Superior de Justicia del territorio, en el otro. En teoría, esto supone un plus de garantía para el denunciado o investigado, al estar en manos de jueces con más experiencia y en un tribunal colegiado, no unipersonal. Y en caso de los jueces, impide que los juzgue un compañero, evitando tanto el compromiso de este como las suspicacias por corporativismo. Aunque hay quien lo considera un desprecio hacia el juez ordinario.

Dentro del aforamiento, lo que sí supone un plus de privilegio para los políticos (no todos, ya que los alcaldes o concejales, por ejemplo, no gozan de esta protección) es que cualquier presunto delito que cometan se traslada a estos tribunales. Entre los jueces y fiscales, únicamente gozan del fuero en su ámbito profesional. Es decir, un juez que condujese ebrio iría a un juzgado convencional, y un político no.

La propuesta inicial del Gobierno sería eliminar cualquier aforamiento para jueces y fiscales y restringirlo a los delitos en el ejercicio de su cargo para los políticos. Esto ya ha despertado suspicacias porque la corrupción seguiría bajo el paraguas del aforamiento, por lo que también se contempla restringir determinados delitos.