El Gobierno de Aragón tiene pendientes de resolución cerca de 60 recursos contra leyes del Estado ante el Tribunal Constitucional (TC), cifra en la que se incluyen las tres nuevas acciones que ayer acordó iniciar el Ejecutivo por considerar que invaden competencias de la comunidad autónoma. El vicepresidente de la DGA, José Angel Biel, denunció que el Estado legisle "entrometiéndose" en temas sobre los que debe decidir Aragón.

Los tres nuevos recursos ante el TC que el Consejo de Gobierno acordó presentar ayer van contra la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, contra la Ley del Sector Ferroviario y contra la Ley General de Subvenciones. Según Biel, en los tres casos el Ejecutivo central ha legislado extralimitándose en sus competencias y regulando materias autonómicas.

El vicepresidente aragonés destacó estos tres ejemplos, pero recordó que hay pendientes de resolución 56 "más alguno desde 1989", una cantidad que da idea de la política del legislador estatal. "Desde el Estado se legisla con excesiva facilidad, entrometiéndose en competencias de la comunidad autónoma", indicó.

Biel añadió: "No nos gusta acabar en el Constitucional, pero hay una tendencia desmedida del Gobierno central a proponer normas que inciden en capítulos enteros de competencias autonómicas".

En opinión del también presidente del PAR, ésta es "una interpretación excesivamente corta del Estado de las autonomías", lo que se traduce "en un retroceso". Biel recordó que es partidario de un desarrollo autonómico que no exija una reforma de la Constitución Española, pero comentó que esta tesis es válida si el Ejecutivo central "tiene la generosidad que requiere el Título VIII" de la Carta Magna.

Uno de los recursos más destacables se presentó en el 2001 contra la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN). El macrotrasvase del Ebro también está en el origen de numerosas acciones ante el TC llevadas a cabo en el 2003.

Casi todos los recursos los impulsó la DGA contra leyes estatales, pero hay algunos (especialmente, relacionados con la cesión del Ebro) iniciados por el Gobierno central contra normas aragonesas.