Cerca de 2.000 mascarillas defectuosas que el Ministerio de Sanidad había entregado a Aragón para ser distribuidas entre su personal sanitario ya habían sido usadas cuando el Salud ordenó su retirada. Desde hace días, las autoridades sanitarias de la comunidad están realizando pruebas a los profesionales que pudieron haber usado ese material procedente del Estado para conocer cuántas personas y cuántos centros sanitarios utilizaron unas mascarillas que Aragón retiró inmediatamente de la circulación.

De hecho, la comunidad fue la primera en percatarse de que parte del material llegado desde Madrid no estaba en condiciones de ser utilizado por los sanitarios porque no cumplía con las exigencias impuestas para una FFP2. La detección se produjo en el hospital Royo Villanova de Zaragoza, donde un profesional sanitario sospechó. «Había dos series: unas verdes y otras azules pero nos resultaron extrañas. Así que las retiramos y procedimos a comunicarlo al ministerio, que ha dicho que las azules son correctas pero que algunas de las verdes no se podían utilizar, por lo que fueron retiradas», explica a este diario el gerente del Salud, Javier Marión.

Aunque Aragón ya había procedido a sacarlas de la circulación cinco días antes de que el ministerio diera la orden. El viernes 10 de abril se produjo el aviso desde el Salud, pero, según confirmó este jueves el ministro Salvador Illa, hasta el día 15 el resto de comunidades no recibieron la instrucción de que esas mascarillas no podían utilizarse. Entonces, el Salud ya había procedido a retirar la mayor parte de las 50.000 mascarillas que habían llegado desde la Administración central, pero 1.900 ya habían sido utilizadas.

A partir de ahí, el servicio de prevención de riesgos laborales procedió a someter a pruebas -PCR y test rápidos- a los sanitarios que las habían usado para detectar si podían haber sido contagiados. «Es imposible saber quiénes lo han utilizado pero 1.900 no pudimos retirarlas aunque no sabemos si se habían usado o no», expone Marión, que reconoce que este tipo de cosas «pueden suceder debido a lo complicado que está el mercado». De hecho, el Salud también ha emitido esta semana otra orden de retirada de mascarillas que habían sido repartidas en distintos centros sanitarios procedentes de la donación de una asociación china.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad comunicó el pasado martes al proveedor de las mascarillas defectuosas de la empresa Garry Galaxy el cese del suministro de estos productos, que va a obtener a partir de ahora a través de otras empresas autorizadas por el Gobierno chino. Así lo anunció ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su quinta comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que subrayó que su departamento actuó en todo momento «priorizando» la seguridad de los profesionales sanitarios, a los que iban destinadas las mascarillas, y ofreciendo toda la información con «máxima transparencia» a las comunidades.

Illa explicó este jueves que el pasado 15 de abril, el Ministerio de Sanidad envió una comunicación urgente a las comunidades para la retirada de unas mascarillas FFP2 Garry Galaxy y aseguró que fue la misma tarde que su departamento tuvo los informes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, al que se habían enviado muestras para su análisis el lunes 13.

El ministro insistió en que las mascarillas tenían el marcado CE como todos los productos que compra España y, por tanto, están verificados por un organismo notificado. Además, el Gobierno hace tres controles adicionales: la validación técnica del producto antes de la compra, los controles de AENOR en China y, por último, a la recepción del material se realizan ensayos aleatorios por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Precisamente, los profesionales sanitarios expresaron este jueves su «indignación» por la distribución de mascarillas defectuosas y exigieron que se les realicen a todos ellos test de coronavirus, así como los máximos posibles al resto de la población.

Los Consejos Generales de Colegios Oficiales de Dentistas, Enfermería, de Farmacéuticos, de Fisioterapeutas, de Médicos, de Podólogos y de Veterinarios de España, que agrupan a más de 800.000 profesionales, reclaman que las autoridades les doten de material de protección y que éste «reúna todas las condiciones debidas de homologación». «Expresamos nuestra indignación por la distribución de material de protección -mascarillas- sin los requisitos necesarios y apoyamos las medidas tomadas desde algunos de los Consejos presentes en este encuentro».